La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, aseguró que el organismo hizo una solicitud de ampliación presupuestal de al menos 45 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas local para pagar a los capacitadores y supervisores electorales de la elección judicial local.
En conferencia de prensa, la consejera presidenta afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) cargó a la cuenta de los organismos electorales locales el pago de honorarios de los capacitadores y supervisores electorales, conocidos como CAEs, lo que implica una erogación de 45 millones de pesos que no tienen.
“Eso nos eleva mucho los costos de lo que nosotros presupuestamos para cubrir los montos relativos al convenio que tiene que ver con lo que ya les conté, porque todo eso nos lo cobran y vamos a partes iguales; el concepto diferenciador en esta ocasión son esos 45 millones que nos están solicitando para cubrir los honorarios del personal que va a atender las casillas”, dijo Avendaño.
“Nosotros en estas negociaciones (con el INE) dijimos lo que uno siempre dice ‘debo no niego, pago no tengo’, porque ese dinero no lo presupuestamos, no lo tenemos, estamos haciendo una solicitud de ampliación presupuestal”, añadió la consejera presidenta.
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Explicó que en el ajuste presupuestal que el IECM hizo en enero no contempló el pago de los honorarios de los CAEs y que fue hasta febrero cuando el INE le notificó que el organismo local es el que deberá pagarlo.
“El INE nos notifica hasta febrero que tendríamos que haber considerado, no sé cómo, porque no lo sabíamos, esos 45 millones; estamos hablando con el gobierno de la ciudad, ya hicimos llegar nuestra solicitud de ampliación presupuestal, que busca, con esto, sufragar lo que implica el monto del anexo financiero, pero también algunas otras actividades”, dijo.
Avendaño recordó que este año, el IECM tiene que organizar la elección del Poder Judicial, para junio, y la consulta de presupuesto participativo, para agosto.
Presentan boletas locales
En la conferencia de prensa, se presentó el modelo de las tres boletas electorales que se usarán en la Ciudad de México para la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, en color rosa; para las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, en color azul, y para los diferentes juzgados locales, en verde.
La Ciudad de México fue dividida en 11 distritos electorales judiciales, para que los ciudadanos elijan solo a una fracción del universo de candidaturas de magistraturas y juzgados.
Para los cinco lugares del Tribunal de Disciplina Judicial podrán votar todos los capitalinos.
En total, el 1 de junio, los ciudadanos que acudan a participar en la elección judicial recibirán tres boletas electorales para cargos locales y seis boletas para los cargos federales.
A principios de abril, el IECM entregará a Talleres Gráficos de México los modelos de boletas con nombres de candidatos y candidatas para comenzar la impresión de todo el material electoral.
Las autoridades electorales estiman que cada ciudadano tardará en promedio cuatro minutos y medio en las tres boletas de la elección judicial local, que se facilitará con una plataforma electrónica de simulación de voto en donde los electores podrán practicar cómo hacer la elección de su preferencia.
Esa plataforma se vinculará con la información curricular de los y las candidatas que tendrán que subir a otra plataforma, conocida como Conóceles, en donde será obligatorio que los aspirantes a magistrados y jueces publiquen su trayectoria personal y laboral.
El consejero Ernesto Ramos informó que en total se someterán a votación cinco cargos del Tribunal de Disciplina Judicial, para los que hay 36 candidaturas; 34 cargos de magistraturas, para los que hay 156 candidatos, y 99 cargos de juzgados, para los que hay 445 candidatos.
En total, se elegirán 138 cargos para los que hay 637 candidaturas.
Hasta ahora se han recibido 28 declinaciones de aspirantes más dos que están en proceso.
El proceso electoral judicial en la ciudad contempla la realización de debates entre los aspirantes a diferentes cargos, para los cuales aún no se definen los formatos, pero no serán encargados a casas productoras ni transmitidos en radio y televisión.
En ellos, se preguntarían aspectos como las concepciones éticas de los aspirantes y cómo garantizarán su independencia a la hora de emitir sentencias, entre otros temas, adelantó la consejera Erika Estrada.
HCM