Servidores públicos del Poder Judicial de la Federación iniciaron una serie de protestas por la decisión que tomó el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) de cambiar de adscripción a personal que labora en las delegaciones de Ciudad de México y Estado de México, y comisionarlos en Tamaulipas, Tabasco, Colima y Nayarit.
Por tal motivo, solicitaron la intervención del presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para que retirar la medida, en que aseguran fue ordenada por el titular del IFDP, Netzaí Sandoval Ballesteros.
Indicaron que el IFDP vela por el respeto a los derechos humanos y las garantías de los más vulnerables de la sociedad, y hoy su personal “se convierte en víctima de una barbaridad, cuando no es capaz de respetar los derechos de sus propios integrantes”.
Los funcionarios públicos consultados por MILENIO entregaron copia de los oficios recibidos a partir del pasado 3 de junio, donde se les ordenaba presentarse al día siguiente a las delegaciones de las entidades mencionadas. Sus delegados, agregaron los inconformes, les mencionaron que no podían quedarse más tiempo en las oficinas que ocupan.
Explicaron que el 5 de junio se reunieron con el sindicato del Poder Judicial de la Federación, para presentar las respectivas inconformidades y medios de defensa.
Los servidores aseguraron que el IFDP no ha expuesto “razones de peso” para justificar el cambio, y dijeron que se procederá a revisar expediente por expediente de cada compañero para determinar si continúan con su cambio o si llevan a cabo otra acción legal.
“Los oficios no cuentan con ningún fundamento, normatividad, ni nada que justifique el movimiento de los mismos. Por ello, los compañeros, inconformes con la injusticia que se pretende realizar, procedieron a la toma de apoyo (de otras delegaciones), para que fueran mostradas para sustentar la inconformidad a los movimientos arbitrarios y demostrar que el personal de toda la República Mexicana adscrito al Instituto están en desacuerdo total, de que para acomodar 'a su gente' presionen a personal calificado”.
Subrayaron que algunas de las personas que se pretenden cambiar tienen hasta 25 años de servicio en la misma ciudad, “todos ya tienen varios años de servicio y esto fue una estrategia con la finalidad de orillarlos a renunciar”.
En las delegaciones mencionadas, aseguran, se han integrado personas sin haber lanzado convocatorias y sin realizar exámenes, ya que toda la planta existente hasta antes de ellos entraron por examen de conocimientos y prácticos.
dmr