En los últimos dos años, sólo el 4.3 por ciento de las investigaciones por corrupción iniciadas en las fiscalías anticorrupción de los estados fueron judicializadas, de acuerdo con una investigación de la organización Tojil y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En la edición 2022 del reporte “Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción”, se dio a conocer que entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de mayo de 2022, las fiscalías anticorrupción de los gobiernos estatales iniciaron un total de 19 mil 289 investigaciones por presuntos delitos de corrupción, lo que representa una cifra mayor a la de la edición 2020, cuando fueron 17 mil 949.
Sin embargo, apenas 4 de cada 100 de esas investigaciones iniciadas fueron judicializadas por los ministerios públicos estatales y sólo 0.2 por ciento llegaron a una sentencia.
El reporte destaca que la Fiscalía Anticorrupción, la cual ha judicializado mayor número de investigaciones en los últimos dos años, es la de Querétaro, que ha logrado llevar ante un juez el 26 por ciento de sus expedientes, seguido por Tlaxcala, con 23 por ciento y Guanajuato con 17 por ciento.
Estos porcentajes de judicialización son superiores a los de la edición pasada del reporte de Tojil e IMCO, presentado en 2020, en la que la fiscalía que más había judicializado carpetas fue la de Sonora con 13 por ciento de carpetas de investigación judicializadas, seguido de Michoacán, con 10 por ciento, y Sinaloa, con 9 por ciento.
En el reporte de este año, las fiscalías de Chiapas, Morelos y Nayarit no reportaron datos sobre cuántas investigaciones ministeriales por casos de corrupción fueron turnadas a un juez.
La información que se presenta en el reporte de IMCO y Tojil, elaborado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México, proviene de las respuestas que cada una de las fiscalías entregaron a diversas solicitudes de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia.
El reporte tiene como objetivo analizar los avances y retrocesos de las condiciones actuales de las Fiscalías Anticorrupción.
La principal conclusión del reporte 2022 es que las fiscalías anticorrupción de los estados se mantienen con avance deficiente o nulo, “es decir, aún no cuentan con las condiciones requeridas para funcionar correctamente y lograr resultados en la lucha contra la corrupción”.
El reporte indica que en las dos Baja Californias todavía no existen fiscalías anticorrupción, y que en 11 estados, no cuentan con la autonomía suficiente, pues el nombramiento de su titular está a cargo del fiscal general del estado, “lo que implica un riesgo en la imparcialidad y la objetividad”.
Esos estados son Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
Además, que en 28 de 32 entidades no existen protocolos para investigar corrupción por parte de las fiscalías y sólo en Sonora y Querétaro tienen uno al respecto.
Sólo en la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo existe un protocolo para llevar a cabo los actos de investigación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas en casos de corrupción, pues aunque en Morelos y Chiapas también cuentan con éstos para el desarrollo de Operaciones Encubiertas y Entregas Vigiladas no se enfocan en delitos por hechos de corrupción.
Por otra parte, las fiscalías de la Ciudad de México, Morelos, Nayarit y Oaxaca no reportaron presupuesto para su fiscalía anticorrupción en 2021 y 2022.
Pero hay casos como Hidalgo y San Luis Potosí, en donde aunque tienen un presupuesto, es menor al millón de pesos al año: Hidalgo tiene 192 mil 313 pesos asignados (87.2 por ciento menos que en 2021) y San Luis Potosí tiene 705 mil 330 pesos asignados (87.4 por ciento menos que en 2021).
Otros datos relevantes son que en 22 entidades, las fiscalías anticorrupción inician investigaciones de oficio cuando conocen de un acto de corrupción, que en 30 existen canales para recibir denuncias anónimas y que en 22 estados reportaron que los ciudadanos presentaron denuncias y la fiscalía anticorrupción les reconoció y otorgó el carácter de víctima.
JLMR