Vecinos de la calle república de Uruguay, en la colonia centro de Atotonilco de Tula, impidieron los trabajos de perforación que una constructora pretendía realizar en el sitio, como parte de un proyecto para abastecer de gas natural a un empresa del área.
La mañana del lunes, personal de una empresa constructora al servicio de la Gas Natural del Noroeste arribaron a la calle, donde se encuentra una válvula de gasoducto, para empezar los trabajos preparatorios a fin de hacer una nueva conexión.
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Sin embargo, al percatarse del hecho, los vecinos se acercaron a la zona de trabajos para solicitar una explicación, pues los trabajos se encontraban suspendidos debido a que está en curso un proceso legal, además de que –dijeron los vecinos– la empresa carece de los permisos correspondientes para la realización de la obra.
El personal de la gasera argumentó que contaba con un permiso para desarrollar los trabajos, expedido en la administración saliente, encabezada por Raúl López Ramírez, y por ello habían iniciado los trabajos que hace algunos años los vecinos habían suspendido debido a que el gobierno nunca les consultó para otorgar el permiso de cruce de un gasoducto por zona habitacional.
“Desde principios de 2017 comenzó el conflicto; les otorgó la presidencia municipal de Raúl López Ramírez un permiso; la alcaldía es la única facultada para otorgar un permiso de construcción, y se los otorga sin que exista un estudio de impacto y riesgo ambiental; ése fue el principal requisito que nunca presentó la empresa”, señaló Ramiro Marañón García, uno de los vecinos.
Añadió: “yo solicité al instituto de transparencia el estudio y me dijeron: no existe ese estudio”, y a pesar de ello los trabajadores se presentaron a realizar labores para la introducción del gasoducto.
“Traen un permiso, entonces aquí es otra irregularidad; nosotros dábamos por cancelado el permiso, incluso hasta nos habíamos enterado por otros medios que ya estaba cancelado el permiso, pero ahora resulta que la empresa estuvo pagando las prórrogas, o sea que le estuvieron manteniendo su permiso”, dijo.
Y agregó que “la empresa pagó más de 100 mil pesos por el permiso, incluso hicieron todo el trámite durante medio año antes de venir acá en 2017, y la presidencia nunca nos informó nada; llegaron a hacer trabajos y la presidencia pudo informar que venían a hacer ese trabajo y nunca lo hizo; hay muchas irregularidades en todos sentidos”.
Policías municipales se presentaron en el sitio y los vecinos solicitaron que se suspendieran las obras, además de pedir que interviniera el Concejo Municipal; los representantes de la gasera y una comitiva de vecinos acudieron a la oficina del concejero, Rómulo Navarrete, para dialogar sobre el tema; al cierre de la edición se mantiene la mesa de diálogo.