La Consejería Jurídica de la Presidencia acusó a la oposición de poner en riesgo la rectoría de los recursos minerales del país al impugnar la Ley de Minería.
A través de un comunicado, la consejería criticó a los legisladores que están contra dicha disposición por oponerse a la realización de consultas indígenas para llevar a cabo proyectos de minería, así como al pago que deben realizar los concesionarios a las comunidades por el uso de sus tierras y aguas.
"El decreto impugnado permite recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la nación.
"La pretensión de invalidar esta reforma sólo responde a los intereses económicos privados y no al beneficio colectivo de las comunidades", señaló.
Recordó que la reforma regula el otorgamiento, supervisión y la terminación de las concesiones mineras y de agua para uso industrial en la minería, con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales al medio ambiente sano, a la salud y al agua de la población, así como la preservación de los recursos naturales de la nación.
Por tanto, acusó a la oposición de negarse a reconocer que el Estado cuenta con capacidad para la exploración de minerales y además, desconocen que desde 1944 inició la investigación sobre los recursos minerales en el territorio nacional.
"Se hace necesario que, así como los representantes de los intereses de los concesionarios mineros impugnan la ley, sus beneficiarios defiendan ante la SCJN los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como los beneficios que en materia ambiental establece la reforma impugnada.
"De declararse su invalidez, se estaría manteniendo una situación injusta que sólo favorece a unos cuantos grupos de interés", agrega.
Con la expedición de la Ley de Minería, ahora debe realizarse consulta previa —libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe— a los pueblos y comunidades indígenas para obtener su consentimiento en el otorgamiento de concesiones mineras.
También hace hincapié en que dicha ley reconoce expresamente el derecho constitucional a la consulta indígena y garantiza que el impacto socioeconómico que produce la actividad minera contribuya al desarrollo de esa población.
JLMR