De cada 100 denuncias por faltas administrativas cometidas por servidores públicos de instituciones federales, sólo 20 se sancionan y 80 quedan en la impunidad, reveló una investigación de la organización Impunidad Cero, en colaboración con la Iniciativa en Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey.
El estudio a cargo de Darío Ángeles, abogado especializado en Derecho Administrativo, destacó que los insumos para la investigación fueron deficientes debido a que no todas las instituciones atendieron las solicitudes de información y, en la mayoría de los casos donde sí hubo respuestas, éstas estuvieron incompletas.
Ángeles apuntó que, con base en la información disponible, la impunidad administrativa global a nivel federal, de acuerdo con los datos entre 2014 a 2019, fue de 80.69 por ciento.
Este indicador compara las denuncias presentadas con las sanciones efectivamente aplicadas a servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y la Fiscalía General de la República (FGR), que es un ente autónomo.
En el desglose de información, Impunidad Cero encontró que el Poder Judicial federal es el que mejor sanciona a sus servidores públicos, pues sólo 14.56 casos de cada 100 denunciados quedan sin castigo, mientras que la institución federal con mayor impunidad administrativa es la FGR, pues de 100 casos denunciados, ninguno ha merecido sanción.
En el Poder Ejecutivo federal, la falta de sanción fue de 80.77 por ciento, en promedio en el periodo estudiado, mientras que en el Poder Legislativo federal, la impunidad fue de 52.83 por ciento.
El estudio también destacó que la impunidad administrativa en el Poder Ejecutivo federal se redujo de 92.25 por ciento en 2018 a 84.80 por ciento en 2019, que coincidió con que en ese mismo periodo bajaron considerablemente las denuncias.
Impunidad Cero también analizó los niveles de impunidad administrativa en los estados. Así, encontró que los poderes ejecutivos de Chihuahua y Querétaro son los dos con mayor impunidad administrativa, con 97.2 por ciento y 91.3 por ciento, mientras que los de Nuevo León y Chiapas cuentan con los niveles más bajos de impunidad administrativa, con 6.8 por ciento y menos 3.3 por ciento (indicador derivado de que hubo más sanciones que denuncias), respectivamente.
A nivel local, los poderes legislativos de Michoacán, Coahuila y Sonora destacaron por su baja impunidad administrativa, con menos 36.5 por ciento (mismo indicador que en Chiapas, debido a que hay más sanciones que denuncias), cero por ciento y 8.7 por ciento, respectivamente.
Los poderes legislativos de Puebla y Querétaro son los que más alta impunidad administrativa tienen, con 98.8 por ciento y 84.6 por ciento, respectivamente.
Entre los poderes judiciales locales, destacan los de Jalisco, Quintana Roo y Colima por la baja impunidad administrativa, con menos 61.5 por ciento, menos 58.3 por ciento (con más sanciones que denuncias) y 8.3 por ciento, respectivamente. Mientras que el poder judicial de Campeche registra el mayor nivel de impunidad administrativa, con 99.5 por ciento.
Las fiscalías estatales con menor impunidad administrativa son Tlaxcala y Querétaro, con menos 87.5 por ciento y 0.9 por ciento, respectivamente; mientras que las fiscalías estatales con mayor impunidad administrativa son Aguascalientes y Baja California, con 93.6 por ciento y 93.2 por ciento, respectivamente.
Además, las principales causas para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa fueron: en los poderes ejecutivos, irregularidades en contratación pública; en los poderes legislativos, incumplimiento de declaración de situación patrimonial; en los judiciales, demora en el cumplimiento de sus funciones; y en las fiscalías, prestación deficiente de servicio público.
Darío Ángeles destacó que en muchos casos, las entidades y dependencias no tienen identificados cómo tienen conocimiento de los casos que sancionan, si por denuncias, quejas o auditorías.
“Aunque los resultados muestran una variedad de eficiencia en los sistemas de responsabilidades administrativas analizados, sigue siendo necesario generar mejor información y contar con ejercicios de transparencia proactiva por parte de las autoridades, todo esto con el fin de realizar mejores análisis sobre el funcionamiento de estos sistemas y cerrar la puerta a la corrupción y mejorar la calidad de la administración pública”, concluyó la investigación.
LP