Luego de cinco meses de gestión y de que se paralizara el programa IMSS-Bienestar “por razones administrativas”, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez Cázares gestiona la liberación de mil 400 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda.
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Los recursos se destinarán a la atención de 12 millones de personas que viven en zonas rurales y urbanas, en localidades de extrema pobreza y alejadas, informó el director Germán Martínez Cázares.
“A la hora de desaparecer el programa IMSS-Prospera se quedó en un limbo administrativo y hemos estado haciendo las gestiones, está cooperando (Hacienda), pero si necesitamos ese dinero, lo necesitamos mucho porque se aprovecha muy bien y necesitamos también el suplemento alimenticio, la leche, que en algunos lugares está ahí almacenado”, dijo luego de encabezar la ceremonia conmemorativa por el 40 aniversario del programa.
La operación del programa se detuvo en las entidades donde se aplica y en las unidades móviles, debido al cambio de nombre y a la falta de recursos etiquetados en el área de salud.
Martínez Cázares dijo que ya preparan los convenios con los estados para continuar otorgando la atención médica a 12 millones de derechohabientes, en 4 mil unidades médicas y en 8 mil hospitales de primer y segundo nivel.
El funcionario dijo que IMSS-Bienestar será el modelo para que se aplique la atención de primer y segundo nivel para consolidar el Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituirá al Seguro Popular, pero no se integrará al nuevo organismo.
Para Edwin Oswaldo Vargas Ávila, director de Extensión de Cobertura en el Instituto de Salud Pública en el estado de Guanajuato, el daño ya está hecho.
El 28 de febrero salieron publicadas las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación en las que se dejaba afuera el componente de salud en IMSS-Prospera ahora IMSS-Bienestar.
“El estado dejó de recibir 180 millones de pesos, afectando, aseguró, a 277 mil familias, mujeres y niños en situación de alta marginación en Guanajuato. Se dejó de hacer control nutricional a los menores de cinco años, de entregar el suplemento alimenticio y de hacer los controles mensual del embarazo, colocando a este sector en una situación de descontrol, en riesgo de elevar la muerte materna”.
“Tenemos una plantilla de 406 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales, personal de estadística y administrativos, los cuales, se mantienen con apoyo estatal pero la federación en febrero anunció el término del programa y que se carecen de recursos aprobados”, dijo.
"El impacto es grave: 406 personas se encuentran sin remuneración, además, los pacientes crónicos y degenerativos se dejaron de ver, de recibir medicamento, porque en ningún otro lugar se los han otorgado, elevando el descontrol de diabéticos, hipertensos, con afecciones coronarias”, destacó.
Además, el estado paralizó el funcionamiento de 53 unidades móviles integradas por un médico, enfermera y un promotor de salud, que recorrían largos trayectos para llevar salud a las personas que habitan en zonas lejanas y carecen de recursos para bajar a un centro de salud.
“Los pobres no fueron primero, se actuó de manera criminal”, aseguró Vargas Ávila.
OVM