El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), organización que representa a ocho sobrevivientes del incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, aseguró que las víctimas han toman como una burla que el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, siga en funciones, a más de un año del incidente.
En entrevista para MILENIO, Lorena Cano, coordinadora de la Clínica Jurídica del Imumi, reclamó que no existen avances en las investigaciones e indemnizaciones a los afectados.
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Indicó que existe violación del debido proceso, ya que el comisionado está siendo procesado penalmente por un delito, pero, a la par, sigue en funciones activas en el cargo.
“Parece ridículo que el señor Garduño se aparezca cada mes a hacer su firma en el juzgado penal, porque él está sujeto a firmas, no se le dictó medida privativa de libertad”, mencionó la coordinadora.
“Las víctimas se quejan muchísimo, porque es una burla. Ellos nos han dicho, ‘esto parece una burla para nosotros’”, comentó.
El pasado 27 de marzo, a un año del suceso, el Instituto Nacional de Migración indicó que la Comisión Especializada de Atención a Víctimas logró indemnizar a 29 núcleos familiares de las personas fallecidas, quedando sólo 11 por atender, además de continuar con las gestiones de indemnización a los 27 lesionados.
Sin embargo, la organización indicó que, de las ocho víctimas sobrevivientes, dos familias de los fallecidos de Honduras y siete de El Salvador que atienden, ninguna ha recibido la reparación ni compensación económica de los daños.
“A ninguna de este grupo le han reparado ni compensado económicamente, de ninguna manera, el Instituto Nacional de Migración. A todas las personas que nosotros representamos, la respuesta es: ‘no es cierto’”, indicó Lorena Cano.
Ante esto, el Imumi resaltó que algunas de las víctimas siguen teniendo afectaciones físicas y otros no cuentan con los recursos necesarios para sustentar sus vidas.
“Tampoco están teniendo ingresos, porque muchos de ellos perdieron su fuente de ingreso. La situación es realmente lamentable”, apuntó Lorena Cano.
Por ello, el Instituto para las Mujeres en la Migración espera que se le dé continuidad a la propuesta de reparación integral del daño que presentaron a la CEAV, que se basa en la continuidad en la atención médica, acceso a la salud psicológica y de medicamentos, así como en la indemnización económica de reparación de daños, la cual pueda generar un cambio estructural en la política migratoria.
“A través de los años hemos dado cuenta que no existen medidas adecuadas u óptimas para que las personas se encuentren privadas de su libertad en estos centros de detención”, finalizó la coordinadora.
LP