El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, aseguró que, al abrir el expediente del caso Odebrecht, como lo ordenó el organismo, se podrá conocer qué acciones realizó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para integrar la investigación y a qué funcionarios públicos, sin mencionar nombres, pero sí cargos, interrogó.
Esa apertura, no vulneraría el principio de presunción de inocencia ni el debido proceso, aseguró Acuña en entrevista con MILENIO, quien afirmó que la actitud de la PGR en el caso Odebrecht fue lamentable.
“Desgraciadamente, la actitud de resistencia y de reticencia ha sido similar en lo que va de esta nueva administración, aunque el asunto ya es desde febrero de 2019 un asunto de la Fiscalía General de la República”, dijo.
Además, Acuña acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha intentado intimidar al instituto por insistir en la apertura del expediente.
“Nosotros le hicimos ver al Fiscal General que cumpliera la resolución y nos dijo ‘es que me lo impide el principio de presunción de inocencia de los probables inculpados o los presuntos responsables y el principio del debido proceso’. Hubo voces, la verdad, con el ánimo de intimidarnos, que nos decían que, si nosotros seguíamos escarbando con el asunto de Odebrecht y exigiendo que se abriera, íbamos a ser culpables que se violara el principio del debido proceso y que íbamos a conseguir que quedaran absueltos los responsables”, comentó Acuña.
El comisionado presidente del INAI celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga el caso Odebrecht entre sus prioridades durante sus conferencias matutinas.
“¡Qué bueno que el presidente se ocupa nuevamente de Odebrecht! Qué bueno porque ahora lo que procede es que el fiscal general de la República le explique al presidente por qué no ha cumplido la instrucción que el INAI le dio desde los primeros días de diciembre de 2018, cuando inició su gestión, entonces como encargado del despacho de la Procuraduría General de la República”, afirmó.
“Antier, cuando revelaban la cuestión de la extradición (de Emilio Lozoya, ex director de Pemex), daban a entender que con mucha transparencia estaban actuando, pues no, porque en realidad están en deuda con la instrucción del INAI para que se cumpla al pie de la letra que es abrir la investigación”, añadió.
La FGR tiene pendiente atender dos resoluciones del INAI, una de octubre de 2018 y otra de diciembre de 2018, que ordenan dar datos del expediente del caso Odebrecht, considerado el más grande escándalo de corrupción contemporáneo, pues involucra a funcionarios de diversos países de América Latina que recibieron sobornos de parte de la empresa brasileña para favorecerla en la asignación de contratos.
“Esa averiguación debe ser kilométrica”, dijo Acuña, para quien la relevancia del caso ameritó considerar que, por interés público, la FGR abra al conocimiento de la sociedad lo que la entonces PGR hizo para indagar a los actores políticos mexicanos involucrados en esa situación.
“Su repercusión es mundial y en todos los países han pasado cosas sobre ella, cosas políticamente importantes, trascendentes, ha habido gobiernos que se cayeron, ha habido suicidios, se suicidó el ex presidente del Perú (Alan García) por estar involucrado, ha habido muchas aprehensiones, muchas detenciones, muchos enjuiciamientos”, opinó.
Acuña Llamas explicó que ni la presunción de inocencia ni el debido proceso se violan porque lo que la FGR debe dar a conocer no son ni nombres propios ni elementos de modo, tiempo y lugar de las acciones de los probables imputados.
“Lo que urge saber es cuántas actuaciones hizo la autoridad, cuántas inspecciones, cuántas citaciones a testigos, a funcionarios directos, indirectos, cuántos cateos, cuántas inspecciones, cuántas diligencias para mejor allegarse de datos, cuántos exhortos se consiguieron de información de otros países de América Latina, cuántos intercambios de comunicación oficial entre las procuradurías de todos los países de América Latina con los que está relacionado el caso Odebrecht. Eso urge saberlo y es lo que no han querido decir”, explicó.
Esto sirve para comprobar cuánto tiempo estuvo viva la investigación cuánto tiempo estuvo probablemente cerrada, olvidada, o deliberadamente guardada, y cuál fue el ritmo de la investigación, así de sencillo, dijo.
“También urge saber qué funcionarios públicos, no los nombres de ellos, algunos son evidentes, pero ahí lo que urge saber qué cargos funcionariales están inmiscuidos al menos en la indagatoria”, expresó.
Aclaró que no se pide saber por qué se citó a los funcionarios o de qué se les podría acusar, pero sí relacionar cuántos cargos públicos se investigaron.
“Tiene sentido en una investigación que ha durado tanto y que ha estado en procesos que parecieran estar en estancamiento. ¿Cómo es posible que no haya claridad de hasta dónde se anduvo buscando, por lo menos? Eso no quiere decir que se digan lo que se llaman elementos de tiempo, modo y lugar para que eso sí pueda poner en peligro la impartición de la justicia cuando llegue a manos del juez”, añadió el comisionado presidente.
dmr