El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) volvió a revocar una respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM), con la que pretendía, una vez más, evadir una solicitud sobre datos de la política migratoria.
En esta ocasión, un ciudadano le pidió la versión pública de las bitácoras de las reuniones bilaterales con instituciones de los Estados Unidos para abordar la política migratoria.
En su respuesta inicial, el INM afirmó que no era competente para responder y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) era la facultada para intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte.
La persona solicitante se inconformó con la incompetencia aludida y presentó recurso de revisión ante el INAI.
Apenas la semana pasada, el INAI también había revocado una respuesta del INM en la que se negó a entregar información estadística sobre personas que hayan sido repatriadas o expulsadas por Estados Unidos bajo el denominado Título 42.
En los alegatos del nuevo recurso de revisión ante el instituto de transparencia, el INM reiteró su respuesta y remitió, además, la resolución del Comité de Transparencia por medio del cual se confirmó dicha incompetencia.
El caso fue analizado en la ponencia de la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, quien, al exponer el caso ante el pleno, recordó que en junio de 2019, tras meses de presenciar y un aumento de los flujos migratorios provenientes de Centroamérica a través de México y hacia Estados Unidos, los gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo comprometiéndose a trabajar juntos para gestionar la migración irregular marcando el comienzo de un intenso periodo de cambio político e institucional que está trastocando los sistemas de control migratorio y protección humanitaria de México.
Ante ello, Ibarra explicó que su ponencia determinó que el INM tiene entre sus atribuciones instrumentar la política de materia migratoria, vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación, así como coordinar la operaciones de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio nacional y esto de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Migración.
"El sujeto obligado sí cuenta con competencia para conocer y ejecutar la política migratoria en México y para coordinarse con diversas autoridades para estos efectos", aseguró.
Además, dijo que si bien el canciller ha encabezado las reuniones en cuestión como representante del gobierno mexicano, "ha sido acompañado por diversos servidores públicos, pues ha existido coordinación entre varias instituciones, entre ellas el sujeto obligado, por lo que consideramos que hay competencia concurrente".
De esta manera, dijo Ibarra, "lo conducente será que el Instituto Nacional de Migración asuma competencia, máxime que es la autoridad encargada de instrumentar la política migratoria".
Ibarra afirmó que el tema es de total relevancia, pues en los últimos meses, en los medios de comunicación, se ha dado cuenta de las difíciles circunstancias que enfrentan las personas migrantes en tránsito por México.
"Muestra de ello es que, mientras expongo este proyecto de resolución, hay una caravana compuesta de aproximadamente 6 mil migrantes, la mayoría de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, que se dirige a la Ciudad de México, hacia acá, con la finalidad de buscar regularizar su situación migratoria en las oficinas del Instituto Nacional de Migración", explicó.
El pleno del INAI acompañó la propuesta de la comisionada presidenta y revocó la respuesta del INM para que asuma su competencia y entregue la información solicitada.
"La transparencia y el acceso a la información, sin duda son herramientas fundamentales para analizar las políticas públicas y la actuación de nuestras autoridades, tanto en los desafíos que como país encaramos para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito y también en su estadía por el territorio nacional", dijo la comisionada.
JLMR