El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República entregar todos los documentos que se elaboraron previamente a la emisión del acuerdo del 22 de noviembre del 2021 el cual pretende blindar la información de los megaproyectos del gobierno federal bajo el rubro de seguridad nacional.
Por unanimidad del pleno del INAI, el organismo ordenó a la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador hacer una búsqueda exhaustiva y proporcionar “todas las notas, análisis, borradores, estudios y opiniones legales emitidas con relación a la elaboración, redacción, emisión, aprobación y firma o rúbrica” del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en el que se ordenó considerar la información respecto de los megaproyectos de infraestructura del gobierno federal como “de interés público y seguridad nacional”.
La emisión de ese acuerdo fue combatido por el INAI con la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que abre la puerta a la reserva a priori de información que, por su naturaleza, debería ser pública.
El 14 de diciembre, la Corte concedió la suspensión para evitar que, en tanto se resuelve el fondo del asunto, dicho acuerdo sea utilizado por las instancias de gobierno para negar información relacionada con esos proyectos cuando sea solicitada por los ciudadanos.
Ante la solicitud de un ciudadano, que pidió la documentación de respaldo de dicho acuerdo, la Oficina de la Presidencia de la República respondió de manera negativa al asegurar que dicha información no es de su competencia, sino de la Consejería Jurídica.
En sesión del pleno del INAI, la comisionada Julieta del Río expuso el caso y propuso revocar la respuesta de la Presidencia, al considerar que sus alegatos no son procedentes, pues sí cuenta con facultades y tiene competencia para atender lo requerido por el ciudadano interesado.
“La incompetencia manifestada por la Oficina de la Presidencia de la República es improcedente, pues sí tiene atribuciones para conocer de lo requerido porque cuenta con tres unidades administrativas con facultades para pronunciarse al respecto: la Jefatura de Oficina, la Secretaría Particular y la Coordinación de Asesores; todos sabemos que ante este staff pasan tarjetas, análisis, proyectos, decretos, opiniones, previo a pasar a instancias como la Consejería Jurídica, por lo tanto, la Oficina de la Presidencia sí es competente y debió realizar la búsqueda de la información en la totalidad de las unidades administrativas y pronunciarse sobre lo solicitado”, expuso Del Río.
La comisionada aseguró que este caso es relevante para recordar “que el INAI y la población estamos dándole seguimiento a lo que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional 217/2021 interpuesta por este Instituto el 10 de diciembre del año pasado, en contra del acuerdo emitido en mención y publicado el 22 de noviembre en el DOF”.
Dijo que “la solicitud y la negación de la información nos pareció interesante por el tema que nos ocupa, dado que fue un tema de interés público durante todo el mes de diciembre del año pasado y que ahora que esta persona está solicitando los papeles, las tarjetas, los borradores, los análisis, los anteproyectos, seguramente se quiere conocer más de este tema”.
“La información pública es la vía para conjurar suspicacias sobre estas posibles vulneraciones del derecho de acceso a la información”, afirmó Del Río Venegas.
La propuesta de la comisionada ─respaldada por el pleno del INAI─ fue revocar la respuesta de la Presidencia y ordenarle asumir competencia, buscar exhaustivamente y entregar todos los documentos que pidió el ciudadano.
JLMR