El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer la averiguación previa en versión pública sobre el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrida el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.
Al presentar el recurso de revisión RRA 9327/18, el comisionado Oscar Guerra Ford advirtió que la información adquiere relevancia de alto nivel para el interés público y la sociedad mexicana “pues contribuye a la rendición de cuentas por parte de la FGR de lo que se ha hecho para el esclarecimiento del asesinato del político que cobró relevancia nacional e internacional y repercutió en esferas públicas del país”.
“Se trata de un magnicidio y amplias repercusiones en las esferas políticas y sociales del ámbito nacional y la entrega de la información requerida es la medida adecuada para que la ciudadanía cuente con los hechos en poder de la autoridad para su investigación y a partir de ello esté en posibilidad de evaluar la actuación de las autoridades competentes en llevar a cabo la investigación”, señaló.
Luego de señalar que se trata del expediente completo de una averiguación previa cuya situación jurídica se encuentra en reserva, dijo que es necesario transparentar lo requerido, ya que “solo por esta vía el derecho al acceso a la información pública, se podrá lograr el acceso a los datos de investigación, que forman parte de la averiguación previa que forman parte del caso Luis Donaldo Colosio y satisfacer el interés público que los ciudadanos tienen”.
Recordó que el instituto ya ha instruido a la entrega en versión íntegra de diversos materiales que forman parte de esa investigación como de los videos recopilados con motivo del asesinato del que ya ha sido de conocimiento público aún cuando no haya sido de manera oficial por el sujeto obligado, el videocassete denominado BTC01 recopilado con motivo de la averiguación previa.
Además de 13 videos tomados el día del asesinato y cuatro videos de Lomas Taurinas, Tijuana, las declaraciones de seis personas, así como el informe posible y línea de investigación del 21 de diciembre de 1995 del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como videos y grabaciones de audio de cuatro careos institucionales y dos procesales del 9 de septiembre de 1994.
En ese sentido, Guerra Ford solicitó que se otorgue el acceso a la averiguación previa requerida a través de la elaboración de una versión pública donde se proteja la información confidencial tanto del inculpado, la víctima, sus familiares, los testigos y terceros relacionados con la indagatoria del asesinato del candidato presidencial priista, tales como domicilios, números telefónicos, datos patrimoniales, estado de salud física y mental, así como la información relacionada al personal operativo que pudiera poner en riesgo su vida o seguridad.
“Con el acceso al expediente completo de la averiguación previa en versión pública se da cuenta de las acciones y los resultados obtenidos por parte de los órganos de procuración de justicia del estado mexicano respecto al homicidio de un candidato presidencial ocurrido hace casi 25 años, en otras palabras se favorece el escrutinio y debate público sobre los hechos de los cuales en la actualidad se sigue demandando su esclarecimiento”, aseveró.
El comisionado insistió que aún cuando en el país se cuenta con un marco legal encargado de garantizar que los procesos legales se lleven a cabo en orden y con certeza, en 2017 se registraron al menos 400 agresiones a políticos y candidatos desde el inicio del proceso electoral “e incluso en redes sociales circuló un llamado a atentar contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Quiero resaltar que una de las consecuencias de que los homicidios y atentados no mortales cometidos contra cualquier aspirante a ocupar cargos de elección popular “es la aceleración de los procesos de descomposición política pues generan un clima de violencia que impide el pleno desarrollo de los procesos electorales. Son estas situaciones de violencia las que la sociedad mexicana se resiste a naturalizar como parte de los procesos electorales pues se interponen en un proceso libre, secreto y directo”, puntualizó.
AE