En cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y después de casi siete años, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reabrirá el caso de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, en donde se cometieron masacres en contra de personas migrantes, para reclasificarlos como casos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad y lograr así que la ahora Fiscalía General de la República (FGR) dé acceso total a esos expedientes.
El caso, que data del año 2013, será retomado por el comisionado Óscar Guerra Ford, quien deberá emitir una nueva resolución para determinar si se debe aplicar la apertura total de los expedientes.
En la resolución inicial, del 1 de octubre de 2013, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) confirmó la clasificación de la información y la reserva por 12 años que puso la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a los expedientes en cuestión, con el argumento de que el IFAI no tenía la competencia para calificar los hechos en cuestión como casos de violaciones graves a derechos humanos.
En ese tiempo, los comisionados Jacqueline Peschard y Ángel Trinidad votaron de manera disidente la confirmación de la reserva y consideraron que debería entregarse una versión pública por tratarse de casos evidentes de violaciones a derechos humanos.
Ante la negativa de la PGR a entregar los expedientes y la confirmación del IFAI a esa postura, se inició un proceso judicial que concluyó en abril del 2019 con la sentencia de la SCJN que otorgó un amparo al ciudadano solicitante para que se le entregue la información requerida.
No obstante, fue hasta diciembre pasado cuando un juez ordenó al INAI dar cumplimiento a la sentencia de la SCJN.
Así, en la primera sesión extraordinaria del año, el miércoles, el pleno del INAI emitió el acuerdo por el cual se retomó el caso y lo asignó a la ponencia del comisionado Guerra Ford.
AE