Inconstitucional, iniciativa de rediseño de gobierno de AMLO: Romero Hicks

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados dijo que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su partido insisten en ocurrencias, sin importarles pasar por encima de la Constitución.

El legislador panista Juan Carlos Romero Hicks. (Especial)
Fernando Damián
Ciudad de México /

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, calificó de inconstitucional, regresiva y autoritaria la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por Morena para rediseñar la estructura del gobierno.

Advirtió que, en su afán de cumplir promesas de campaña, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su partido insisten en ocurrencias, sin importarles pasar por encima de la Constitución.

Como ejemplo de ello citó el caso de los “superdelegados” del gobierno federal, que no sólo atentan contra la soberanía estatal y la autonomía municipal, sino se perfilan como una herramienta de control y sometimiento político del próximo Presidente de la República sobre gobernadores y presidentes municipales.

“Es inconstitucional, debido a que no se reconoce en nuestra Carta Magna y no tiene por qué existir en nuestra forma de gobierno una figura intermedia entre el Ejecutivo federal y los ejecutivos estatales y municipales”, puntualizó.

El legislador panista señaló que la imposición de esa “ocurrencia” implicaría la centralización de facultades en una sola persona en condiciones muy semejantes a las de la república centralista superada desde el siglo XIX.

Romero Hicks cuestionó también la intención de eliminar las oficialías mayores de todas las dependencias y reemplazadas por Unidades de Administración y Finanzas, cuyos titulares serían designados o removidos por la Secretaría de Hacienda.

“La virtual aprobación de la propuesta genera un amplio espacio de poder al titular de la Secretaría, lo cual resulta riesgoso y genera un alto grado de discrecionalidad en los nombramientos”, advirtió.

Sostuvo que el otorgamiento de atribuciones de fiscalización a la Secretaría de la Función Pública implicaría una violación a las facultades del Poder Legislativo en esa materia, a través de la Auditoría Superior de la Federación.

La iniciativa limita asimismo la actuación de la Función Pública con relación a su facultad de realizar auditorías, pues señala que sólo lo hará en casos excepcionales, sin establecer cuáles, ni los parámetros para realizar la valoración correspondiente.



IRH

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