El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Javier Sauza Martínez, señaló que ningún impuesto que afecte a las empresas puede ser aprobado sin que el sector empresarial forme parte del análisis y discusión de sus cláusulas y se evalúe el impacto que tendría sobre las unidades económicas y la generación de empleos.
"La discusión de la aplicación de tres nuevos gravámenes del ámbito, no puede llevarse a cabo de manera exclusiva en el orden político y exclusivamente entre representantes de la Legislatura, pues son las empresas y los trabajadores quienes deberán vivir con sus implicaciones".
Refirió que sabe de la necesidad de incrementar los recursos con los que cuenta el estado porque son los que permiten ofrecer servicios públicos y mantener la operatividad en diferentes ámbitos como educación, salud y seguridad, entre otros, pero una decisión en materia de impuestos deben ser empática, proporcional y equitativa.
Se deben analizar varias consideraciones
Por ello, tras el análisis que han hecho debe tomarse en cuenta que la propuesta de un impuesto a personas físicas o morales por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera debe reconocer que la Zona Metropolitana del Valle de México es la más contaminada en el país y la del Valle de Toluca es la cuarta con peor calidad del aire, por lo que las medidas para revertir esas condiciones, más que recaudatorias deben orientarse al impulso de inversiones que reduzcan dichas emisiones, además de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, prevenir y evitar enfermedades entre la población, de manera que se mejore su calidad de vida.
En el caso del impuesto a casas de empeño, se considera que estás pueden aportar de manera positiva en la recaudación estatal, principalmente por el creciente número de unidades económicas que se tienen en este giro y de los cuales no se tiene un control efectivo.
"Este sector no ha cerrado operaciones a pesar de las condiciones de pandemia, sin embargo, no tiene una definición efectiva en el cálculo de impuestos cuando las prendas empeñadas no sean recuperadas por el usuario".
Gilberto Sauza explicó que una tasa del 5 por ciento como gravamen ante la venta de los productos, permitiría fortalecer las finanzas públicas, e impactaría de manera eficiente en la prevención del lavado de dinero y la inseguridad en lo que respecta al robo de mercancías o pertenencias.
"Desde los años 80, México generó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con la finalidad de determinar la forma en la que la Federación debería de distribuir los recursos entre todas las entidades federativas y de igual forma como los estados auxiliarían a la federación para fiscalizar; así como evitar tributaciones federales y estatales que grabarán la misma actividad, pero en 2013, al reformar el artículo 43 de la Ley del IVA se autorizó que los estados establecieran impuestos cedulares".
El presidente de Concaem añadió que de acuerdo con la tasa impositiva de 5 por ciento establecida en la propuesta, se tendría un efecto directo menor a 3 por ciento directo en el pago del impuesto causado, por la deducibilidad directa que tendría este impuesto, respecto del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Debe garantizarse que impuesto no implica doble regulación
Ante un escenario de pandemia, reducción de fuentes laborales y cierre de unidades económicas es indispensable, enfatizó, asegurar que este impuesto no significará una sobre regulación a quienes hoy ya tributan o que sea un factor que inhiba la llegada de inversión al territorio estatal e impacte en la generación de empleos.
Si bien este impuesto tiene las posibilidades de ser deducible, las condiciones operativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el último año, han complicado que los contribuyentes puedan cumplir -de manera rápida y eficiente- con sus trámites y procedimientos.
“El sector empresarial formal siempre cumple y cumplirá con sus obligaciones apostando a mejorar la calidad de vida de la población, para vivir en un estado de derecho y certeza. La mejor política de recaudación fiscal siempre será el que empresas y ciudadanía aportemos, de manera que se genere un ambiente de legalidad y equidad de circunstancias".
MMCF