Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), acusó que hay “negativas recurrentes de autoridades ministeriales” para entregar información de casos que están en investigación, por lo que buscará un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) y laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que no apliquen el secreto ministerial ni reservas al INE.
Al participar en el foro “El crimen organizado en las elecciones” explicó que es importante dejar claro que aunque el INE no tiene facultades ministeriales, hay investigaciones en las que requieren información de las autoridades ministeriales que impiden que la labor del instituto avance.
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“Lo que tiene que ocurrir, es un intercambio de información que hoy, y lo sigo con mucha franqueza, está lejos de ser el óptimo. El INE está recibiendo, como pasó en el caso amigos de Fox, negativas recurrentes de autoridades ministeriales a entregar la información de los casos que están sujetos a la misma.
“No es equilibrado el flujo de información que el INE proporciona a otras autoridades que indagan cuestiones financieras que la que viene hacia el INE, reiteradamente y es una cosa que tendremos que ver pronto", manifestó.
Lorenza Córdova consideró que "los procesos penales pueden durar mucho tiempo pero si al INE se le impone el secreto ministerial cuando tenga acceso a esa información pues ya habrán prescrito incluso los ilícitos en materia de fiscalización".
"Entiendo que la reserva de las investigaciones tiene que prevenirse pero esa no puede ser una causa para que el INE no acceda a la información que muchas veces requiere”, añadió.
Explicó que aunque con la llegada de Santiago Nieto a la UIF se ha trabajado bien y se analiza cómo mejora esta coordinación "porque muchas de las investigaciones están reservadas y el INE no tiene acceso", por lo que "tiene que construirse un sistema donde la reserva también obligará al INE pero le permitirá tener acceso”.
El presidente del Consejo General electoral dijo que si la autoridad sigue dando estas negativas, tendrán que llegar al extremo de cerrar los casos por anticipado para que el denunciante acuda a los tribunales y sólo por medio de un tribunal se abra la puerta a que las autoridades les entreguen información, por lo que insistió en que urge una reforma sobre el secreto ministerial.
Detalló que por sí solo el INE no tiene facultades para saber, por ejemplo, si un candidato está involucrado o no con el crimen organizado pues esa es facultad de las autoridades ministeriales, como sucedió con “el caso de Abarca, el presidente municipal de Iguala cuyos nexos con grupos delincuenciales son conocidos”.
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Por lo que a pesar de que hay partidos que incluso han propuesto que el instituto electoral sea un verificador y que para registrar candidaturas el INE tendría que hacer prueba de polígrafo, exámenes toxicológicos y, dijo, "la responsabilidad de quien postula un candidato es del partido y definir si hay vínculos o no es de las instancias ministeriales, cuando esas instancias nos digan que hay un vínculo u orden de aprehensión pues de inmediato se cancela esa candidatura”.
Hasta la fecha, comentó, el INE no ha logrado identificar ningún financiamiento del crimen organizado en las campañas pues su única competencia es la fiscalización de los recursos que se entregan a los partidos políticos para los procesos electorales.
Reconoció que el reto que el INE tiene es el rastreo del dinero en efectivo como sucedió con Pemexgate , que había 500 millones de pesos que entraron al PRI y el entonces Instituto Federal Electoral no pudo saber en qué se gastó porque se perdió el rastro del dinero.
Refirió que “la criminalidad organizada no ha impedido la realización de las elecciones pero sí la afecta”y explicó que en las elecciones del 2018 registraron 377 incidentes de violencia contra los capacitadores electorales que van desde asaltos con violencia hasta mordeduras de perro.
“Ha habido bajas, en 2018 tuvimos cuatro compañeros de campo que perdieron la vida, uno de ellos en Chilapa, Guerrero, que supimos después por el Ministerio Público que fue problema de un conflicto de familias pro terrenos; otro un compañero que lo saltaron en una gasolinera en Reynosa, no quiso entregar las llaves del coche y lo mataron; un compañero más en Sinaloa, quien terminando el trabajo le dio raite un motociclista, unos ampones iban por el motociclista y lo mataron; y una compañera que se accidentó en una moto para subir a la sierra", recordó.