El Instituto Nacional Electoral pretende multar al PRI con 97.9 millones de pesos, tras comprobar que durante las campañas del 2015, se benefició con una red de triangulación de recursos públicos desde el gobierno de César Duarte en Chihuahua, donde orquestaron una red con “intencionalidad fraudulenta” para recibir dinero de forma ilícita.
Después de cinco años de investigación, el proyecto que el Consejo General del INE discutirá este lunes, a una semana de renovar la presidencia y su integración, indica que se acreditó que el exgobernador priista César Duarte, detenido en Estados Unidos en 2020, desvió recursos públicos para favorecer al partido, ante lo que el PRI actuó con dolo, con la intención de engañar a la autoridad y de evadir la fiscalización.
Esta investigación se derivó cuando en el 2018, el INE recibió notificación de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua en la que notificaba que “durante el ejercicio del 2015, el Partido Revolucionario Institucional recibió ilegalmente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua recursos públicos por la cantidad de $39,166,666.00, circunstancias que resultan violatorias a la normatividad electoral en materia de fiscalización”.
El INE comprobó que se creó una red para desviar recursos públicos a través de 14 cheques emitidos desde la Dirección de Recursos Humanos por cinco millones de pesos, 6.6 millones de pesos y siete millones de pesos bajo el concepto de “pagos extraordinarios por compensaciones”.
Estos cheques que eran cobrados en efectivo, por la empresa de valores Servicio Panamericano de Protección S.A. de C.V. se trasladaban a la tesorería estatal y lo entregaban directamente al tesorero Joaquín Francisco Hernández Vega quien a su vez, los entregó de manera directa a Pedro Mauli Romero Chávez, representante de finanzas del PRI con motivo de “apoyo extraordinario”.
El PRI reconoció que destinaba la mayor parte para el pago de los sueldos de los presidentes y secretarios de 65 comités municipales priistas en Chihuahua, para liquidaciones del propio comité y para apoyos a deportistas, personas con alguna enfermedad o la renta de inmuebles usados para oficinas del PRI.
Por lo que el INE califica la falta como “grave especial” pues el PRI omitió rechazar aportaciones de dinero en efectivo de entes prohibidos, con lo que “vulneró sustancialmente la certeza y la posibilidad de garantizar la legalidad de las operaciones realizadas, la transparencia y el conocimiento del manejo de los recursos”.
El proyecto que debatirá el Consejo General este lunes, concluye que el PRI “desplegó una conducta ilícita con el ánimo de ocultar la recepción de recursos, máxime si se toma en cuenta que los recursos recibidos consistieron en dinero en efectivo”, y destaca como agravante, que lo recibió durante campañas electorales locales, por lo que está acreditado que actuó con dolo y “trató de engañar a la autoridad con una intencionalidad fraudulenta”.
“Por otro lado, destaca que los hechos se verificaron durante el desarrollo de las campañas electorales locales del año 2015. Dado que los recursos que ingresaron ilícitamente al patrimonio del Partido Revolucionario Institucional consistían en dinero en efectivo, el cual por definición no deja rastro o huella de su destino y no permite determinar con precisión su aplicación, no pudo acreditarse que esos recursos hubieran sido empleados total o parcialmente en alguna campaña electoral federal.
“Con todo, imposibilitan a esta autoridad tener certeza respecto del cumplimiento cabal de los topes de gastos de campaña. Por lo tanto, el hecho de que haya sido durante las campañas electorales locales cuando ingresaron indebidamente los recursos al partido denunciado, aunado a la omisión misma de reportar el manejo de dichos recursos y la consecuente incertidumbre respecto de la sujeción del Partido Revolucionario Institucional a los topes de gastos de campaña correspondientes, ha de considerarse como otra circunstancia agravante para efectos de la determinación de la sanción”, indica el proyecto.
Por lo que, al acreditarse el beneficio ilícito de 39 millones 166 mil 666 pesos, se propone una multa por 97 millones 916 mil 665 pesos, además de dar vista a varias autoridades.
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