En votación dividida, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó iniciar investigaciones de oficio para inhibir que presuntos militantes de partidos políticos se infiltren entre los equipos de los capacitadores de funcionarios electorales de casilla para las próximas elecciones.
El acuerdo aprobado por seis votos a favor, cuatro en contra y la abstención del consejero Uuc-Kib Espadas modificó fragmentos de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, documento que fue aprobado desde septiembre pasado.
Las nuevas reglas fueron propuestas por el consejero Arturo Castillo, quien planteó la necesidad de que el INE iniciara una investigación de oficio en caso de que se identifique que algún aspirante a convertirse en supervisor o capacitador electoral aparezca en el padrón de militantes de algún partido político durante la compulsa que realice el instituto.
La Constitución prohíbe que cualquier persona afiliada a un partido político funja como funcionario electoral.
Los capacitadores y supervisores electorales son contratados por el INE de manera temporal para participar en la organización de la elección.
Contrario a lo que establecía el proyecto de acuerdo original, el cual planteaba restar un punto en la evaluación durante el reclutamiento de supervisores y capacitadores en caso de que se detectara a un presunto militante, en cambio, la propuesta del consejero Castillo descartó restar puntos en la calificación para no afectar su proceso de contratación y garantizar la presunción de inocencia.
“Al competir con una calificación menor se merman sus posibilidades de acceder a esos espacios frente a otros aspirantes, soslayando que la carga de la prueba le corresponde al partido político denunciado y no al afiliado”, argumentó el proyecto de Castillo.
Por eso, su propuesta planteó que, para confirmar la afiliación de la persona, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) debe iniciar un procedimiento sancionador ordinario oficioso para determinar la legalidad o ilegalidad de la afiliación.
El acuerdo establece que “si la persona aspirante presenta ante la junta distrital electoral el oficio de desconocimiento de afiliación, así como la solicitud de baja de datos personales de los padrones de militantes en el plazo de tres días hábiles posteriores a la notificación, podrá continuar con el procedimiento de reclutamiento y selección”, mientras la investigación se realiza.
En caso de que la investigación de la UTCE arroje que la afiliación al partido político fue indebida, se castigaría al partido político, pero si se determina que la afiliación fue voluntaria y la persona aspirante mintió, se le excluirá del proceso de selección o, en su caso, se rescindirá el contrato para ser capacitador o supervisor electoral.
Además, se iniciará un procedimiento administrativo sancionador en su contra, y se dará vista a las autoridades competentes por la responsabilidad que pudiera existir en otras materias.
La medida para inhibir la infiltración de militantes de partidos políticos entre los capacitadores y supervisores electorales había sido establecida en octubre, días después de la aprobación de la ECAE, en un acuerdo adicional de las comisiones unidas de Capacitación y Organización Electoral, en donde se había aprobado la reducción de un punto en la calificación durante el reclutamiento.
Sin embargo, diversos partidos políticos impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dicho acuerdo aprobado en comisiones, a lo que la Sala Superior del Tribunal lo revocó y le ordenó al INE someterlo a votación en Consejo General y no en comisiones.
MAT