El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el reglamento para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres para el próximo proceso electoral tras un largo debate en el que rechazaron que los acusados sean inmediatamente suspendidos de las contiendas, pues esto podría generar un daño irreversible en la equidad.
Las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala fueron insistentes en la necesidad de suspender de inmediato la candidatura o cargo de quien sea denunciado por violencia política de género, pues en el caso del proceso electoral “puede ganar esa persona la candidatura y esa mujer violentada tendrá más riesgos”.
Sin embargo, el resto de los consejeros coincidieron en que se trata de un daño irreparable que genera una afectación a la presunción de inocencia. El consejero Jaime Rivera dijo que incluso se correría el riesgo de usar estas denuncias para eliminar a rivales políticos de las contiendas.
“Podríamos generar daño a la equidad en la contienda y creo que demos ver el problema de manera integral; las medidas de protección, que son mucho más inmediatas, podrá generar un contexto de resguardo que garantizaría el que actos de violencia no se continúen, no se perpetúen. Desde este punto de vista no es que no esté de acuerdo en abstracto porque justamente la nueva ley indica que se niegue el registro como candidatos pero durante el procedimiento podría generar una tensión en la equidad, si al final del procedimiento se define que no incurrió en el acto y se restituye la candidatura generaría una alteración en la competencia que estamos obligados a prever”, agregó el consejero presidente Lorenzo Córdova.
Posturas que la consejera Favela replicó al señalar que “no creo que sean incentivos perversos el que las mujeres denuncien para quitar a los hombres de las candidaturas, siempre es al revés, los hombres las violentan para apartarlas del proceso”.
El nuevo Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en razón de Género establece que será esta comisión la que resuelva las medidas cautelares o de protección según sea el caso.
Estipula como algunas de las medidas que se realizará un análisis de riesgos y se implementará un plan de seguridad acorde, retirarán la campaña violenta contra la víctima y se harán públicas las razones a través de los medios que la Comisión defina y si la conducta llega a ser reiterativa se suspenderá el uso de prerrogativas al agresor y se ordenará la suspensión de su cargo partidista.
Mientras que las medidas de protección serán de emergencia y preventivas. Respecto a la primera abarcará la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, limitarse a asistir o acercarse al domicilio de la víctima y la prohibición de conductas de intimidación; mientas que las preventivas incluyen protección y vigilancia policial para la víctima y en su domicilio.
Uno de los puntos más relevantes es que considera la elaboración de estadísticas de violencia de género con datos del denunciante y de la persona denunciada con su nombre, si se trata de una persona física o moral, su sexo, su relación con la víctima y si es funcionario público, el tipo de violencia en que se incurrió, los hechos denunciados y las medidas adoptadas.
jlmr