La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional (INE) aprobó la procedencia de medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por mantener la difusión de spots propagandísticos del Segundo Informe de Gobierno fuera de los tiempos legales.
El Partido Acción Nacional (PAN) solicitó medidas cautelares en contra del Presidente de la República por la difusión de spots en radio y televisión del Segundo Informe de Gobierno al transmitirse fuera de la temporalidad prevista en la legislación.
Tras una indagatoria de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos “advirtió que todavía al pasado 11 de septiembre quince concesionarias de radio y televisión continuaban difundiendo promocionales alusivos a dicho informe, estando fuera de la temporalidad permitida por la Ley General de Comunicación Social, ya que ésta debió ocurrir sólo del 31 de agosto al 6 de septiembre”.
Por lo que los consejeros de la comisión de Quejas avalaron que el Director General de Radio, Televisión y Cinematografía ordene a las concesionarias de radio y televisión en un plazo no mayor a seis horas que “dejen de transmitir y se abstengan de difundir los promocionales; de igual forma, se instruyó a la DEPyPP, realizar las acciones necesarias para informar a los concesionarios de radio y televisión eviten la difusión de los referidos promocionales”.
El pasado 6 de septiembre, el consejero Ciro Murayama escribió en su cuenta de Twitter “Hoy siguen al aire anuncios del 2do informe de gobierno del Presidente. Ello es ilegal: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que solo pueden transmitirse 7 días antes y 5 días después del Informe. O sea, solo se podían transmitir hasta ayer, día 6”.
La Secretaría de Gobernación respondió con un comunicado que no existió una petición del gobierno para dicha transmisión y reconoció su indebida difusión.
El 9 de septiembre, Murayama respondió a ese comunicado que “La @SEGOB_mx dice que la transmisión de los anuncios del informe del Presidente ayer, fuera de plazo legal, no fue por órdenes del gobierno. Bueno, menos mal. Porque es claro que se violentaba la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que no debe ocurrir”.
jlmr