El Instituto Nacional Electoral enviará al gobierno federal la petición de más de mil 511 millones de pesos para la elección judicial, que en su mayoría, se concentrará en contratar personal para aumentar a 86 mil casillas, poder dar resultados de la Suprema Corte la noche de la elección, y además, una bolsa para atender a los repatriados con el gobierno de Donald Trump.
Como MILENIO anticipó, el estudio de las áreas técnicas estimaba mil 500 millones de pesos y tras varias reuniones privadas entre las consejerías, luego de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, cerró en mil 511 millones 757 mil 665 pesos.
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El acuerdo que votará este jueves el Consejo General del INE, también contempla una bolsa de 18 millones 792 mil 809 pesos para “fortalecer la solicitud y entrega de credenciales para votar en territorio nacional y posible ciudadanía repatriada en 60 puntos de confluencia migratoria”, que fue un tema también expuesto ante la presidenta Sheinbaum.
El INE busca que la ciudadanía que sea repatriada a México por la política migratoria de Donald Trump obtenga de manera rápida y fácil sus credenciales de elector, para que puedan identificarse en territorio nacional y en los casos en que tengan credencial como residentes en el extranjero, puedan actualizarla.
¿Cómo se distribuirán los recurso para la elección judicial?
El proyecto incluye 19 rubros que en su mayoría, se enfocan en la contratación de personal para reforzar la capacitación y la jornada electoral, como ya había anticipado la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
El monto más alto por 351.8 millones de pesos es para garantizar los sueldos de mil 881 supervisores y de 10 mil 929 capacitadores que se concentrarán en la integración de 42 mil 518 casillas, considerando 16 entidades con elecciones judiciales locales.
Es decir, el INE prevé asumir ese costo para liberar a los Organismos Públicos Locales Electorales que también tendrán elección judicial local a la par de la del Poder Judicial de la Federación y que no cuentan con recursos, aunque el proyecto contempla 16 entidades pero con Zacatecas, Colima y Quintana Roo que se sumaron a las 14 anotadas, podrían ser 17 las que tendrían procesos simultáneos.
El segundo rubro más alto por 285.5 millones de pesos es para contratar por 130 días a 513 supervisores y tres mil 55 capacitadores adicionales para que cubran las 13 mil casillas adicionales, para pasar de 73 mil previstas a 86 mil en todo el país.
El siguiente monto más elevado, es por 240.3 millones de pesos es para dar certidumbre a la ciudadanía la noche de la elección, ante la imposibilidad de contar con Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y de Conteos Rápidos, por lo que se destinará para contratar a 22 mil 500 auxiliares de cómputo por 15 días, para que ayuden al cómputo después de que cierren casillas y al menos, informen los resultados de la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El resto del dinero se divide en 119.3 millones de pesos para combustible, viáticos y alimentos del personal que resguardará y custodiará las elecciones; 115 millones de pesos para ampliar la contratación de seis mil 134 personas para las elecciones locales de Durango y Veracruz, la constitución de nuevos partidos políticos y la credencialización; 78 millones para sistemas informáticos y 67 millones de pesos para los gastos de campos de los supervisores y capacitadores adicionales.
Para contratar 109 desarrolladores para el ajuste de los sistemas clave para el proceso, 43 millones; 41 millones para fortalecer las capacidades institucionales; 39 millones para logística, 35 millones para las personas funcionarias que ayudarán en las 13 mil casillas adicionales; 30 millones para las dietas de las consejerías locales y distritales; 13 millones para dos meses más de contratación de auxiliares jurídicos para atender y tramitar medios de impugnación.
Nueve millones para la fiscalización en campo, ocho millones para difusión institucional del proceso judicial, seis millones para producción materiales con los que se hará esta difusión, cuatro millones para atender a las candidatas a cargos judiciales que sean víctimas de violencia de género y 1.9 millones de pesos para el micrositio en el que la ciudadanía podrá entrar a conocer a las y los candidatos.
El proyecto destaca que “la solicitud de ampliación presupuestaria no solo responde a las necesidades operativas inmediatas del INE, sino que también busca garantizar la sostenibilidad de procesos estratégicos que fortalecen la transparencia, la participación ciudadana y la confianza en el sistema democrático.
“Este ajuste presupuestal es clave para atender adecuadamente las implicaciones del nuevo modelo de votación, mantener los estándares de calidad en los procesos electorales y cumplir con las obligaciones constitucionales del Instituto en el marco de los retos extraordinarios que plantea el ejercicio fiscal 2025”.
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IOGE