El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente, informó a diputados que cinco servidores públicos ya fueron imputados por faltas graves.
Al comparecer ante comisiones unidas, informó sobre el estado de la fiscalización a contrataciones del Instituto, principalmente en materia de material electoral.
Informó que existen 18 expedientes relacionados con hechos notorios; 13 se encuentran en investigación; 5 ya están en procedimiento de responsabilidades; es decir, ya se dictó el citatorio para audiencia inicial y se formuló la imputación formal al servidor público.
Precisó que 5 personas ya están imputadas por faltas graves y su caso será remitido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que es la instancia que sanciona las faltas graves. El OIC solo investiga, sustancia y resuelve faltas no graves.
De los expedientes en investigación, existe un expediente maestro que originó otros 4 expedientes personalizados:
- 2 por actuación bajo conflicto de interés
- 1 por actuación bajo conflicto de interés
- 1 por ocultamiento de conflicto de interés
Además, se han generado 25 vistas al área de investigaciones por contrataciones en general. Los tipos administrativos identificados son:
- Ocultamiento y actuación bajo conflicto de interés
- Desvío de recursos públicos
- Simulación de cumplimiento de requisitos
- Abuso de funciones
- Daño patrimonial y perjuicio a la Hacienda Pública
Colusión entre particulares
Informó que ya se sancionó a la empresa Beltrán con inhabilitación y sanción económica —publicada el 2 de octubre en el Diario Oficial de la Federación— por incumplir la entrega de 25 mil 302 chalecos. Solo entregó 7 mil 267 en tiempo y quedaron pendientes 18 mil 35, por lo que se le aplicaron penas convencionales.
Modelo de fiscalización y universo de contratos:
Señaló que los contratos mediáticos representan solo el 4 por ciento del universo total de contrataciones del INE, y que existe un 96 por ciento restante que también debe fiscalizarse.
En 18 meses, su gestión ha emitido 3 mil 307 recomendaciones en 27 auditorías, con un promedio de 112 por auditoría, frente a 2 mil 776 recomendaciones en 194 auditorías de la gestión anterior (promedio de 14).
Algunos criterios de riesgo para auditar son:
- Compras de material electoral
- Licitaciones declaradas desiertas
- Adjudicaciones directas reiteradas a los mismos proveedores.
- Montos elevados respecto al mercado
- Participación conjunta o recurrente entre las mismas empresas
- Contrataciones no previstas en el Programa Anual de Adquisiciones
- Contrataciones en el último trimestre del ejercicio
- Empresas de reciente creación o que cambian objeto social previo al contrato
Contrató para la adquisición de urnas genéricas y mamparas especiales para el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025. Monto mínimo de 165 millones de pesos y máximo de 198 millones de pesos. Concursaron 8 proveedores que históricamente han dominado el mercado.
Entre los hallazgos preliminares señalados se encuentran:
- Adjudicación directa 26 millones de pesos por encima de la propuesta de Talleres Gráficos de México. Señaló una práctica para inflar la mediana de precios en la investigación de mercado.
- No se acreditó capacidad técnica, económica y operativa del proveedor.
- Una empresa incorporó a su objeto social la comercialización de artículos electorales 3 días antes de la licitación (20 de enero).
- Deficiencias en la investigación de mercado: se incluyeron empresas cuya actividad no era congruente con el objeto del contrato.
- El Comité de Adquisiciones dictaminó favorablemente la excepción a licitación pública sin acreditar suficientemente causales del artículo 50, fracciones II, IV y VI, ni criterios de economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad.
- Atraso en entregas. Estimó una pena convencional de aproximadamente 43 millones de pesos, pero el Instituto solo aplicó una pena mínima.
- Incumplimientos en materia de seguridad social y falta de personal suficiente.
CHZ