El INE aprobó un programa para atender posibles actos de acoso y hostigamiento laboral, que incluyen las presiones de la consejera Guadalupe Taddei y sus cercanos para orquestar despidos injustificados masivos, controles de vigilancia y violaciones a derechos laborales para imponer a sus cercanos en todas las áreas del instituto.
El Consejo General aprobó el “Programa integral para la promoción de espacios laborales seguros, inclusivos y libres de violencia en el Instituto Nacional Electoral” que, aunque viene de tiempo atrás, las consejerías y partidos políticos señalaron que llega justo en el momento en que se investigan las denuncias de presiones de la exconsejera presidenta para que el personal presentara sus renuncias para poder colocar a sus afines.
“Hoy en día hay ante los señalamientos públicos por los que ha atravesado y atraviesa el instituto respecto de posibles actos de acoso y hostigamiento laboral que han sido denunciados y están en y también en redes sociales, así como de presuntos despidos injustificados, es de vital importancia emprender acciones para proteger institucionalmente el elemento más importante que tiene este órgano, las personas que elaboran y prestan sus servicios en el Instituto Nacional Electoral, y garantizar que desempeñen sus actividades en condiciones seguras, de respeto y libres de cualquier tipo de violencias”, señaló la consejera Carla Humphrey.
El 1 de junio, la consejera Rita Bell López ventiló públicamente que tenían reporte de que tras los nombramientos que hizo Guadalupe Taddei en la Junta General Ejecutiva, sus cercanos hicieron en pocos días 100 despidos injustificados de personal técnico. Luego, varias consejerías fueron señalando que los despidos seguían multiplicándose.
Apenas el pasado 25 de septiembre en sesión de Consejo General donde sus pares volvieron a tocar este tema exhibiendo que solicitaron información y se les había negado, Taddei reconoció que ya superaban 800 bajas, pero criticó que se dijera que eso debilitaba al INE.
“Que se acaba la experiencia profesional en el Instituto porque hay 836 renuncias, ¡no!, y lo sabemos perfectamente. Y cuando decimos que está en riesgo la capacidad profesional institucional, sabemos que estamos mintiendo, porque las organizaciones y las estructuras como esta, que responden a un país, no responden a una fuerza política en particular, ni a un grupo de interés económico y, mucho menos, a un grupo de intereses extranjeros”, sin embargo, nunca explicó los motivos de esas bajas y el porqué se les exigía presentar su renuncia cuando eran personal técnico.
Los representantes de los dos nuevos partidos políticos Somos y Paz incluso platicaron cómo se sorprendieron de que personal del INE se negara a hablar con ellos en los pasillos del instituto, confesándoles que sentían un acoso pues vigilaban con quiénes platicaban, lo que incluso incluía a directivos.
“Hubo en algún periodo en que incluso nos decían a algunos representantes que era muy difícil platicar en los pasillos o en la explanada por estas situaciones. Y lo digo de verdad muy preocupado, porque en el caso de un servidor, varias veces personas me decían ‘bueno, mejor luego te busco’; de julio a la fecha ha habido situaciones sobre el acoso laboral, que es importante que este Instituto revise y atienda muy rápidamente.
“Eso también forma parte del hostigamiento laboral, que no hay esa libertad de la base trabajadora y de los directivos también, porque hay que decirlo con todas sus letras, había evidentemente ese temor de acercarse a los representantes como si fuéramos no sé qué”, contó Ernesto Guerra de Paz.
En lo que coincidió el representante de Somos, Emilio Álvarez Icaza quien dijo que los nuevos criterios de ingreso del personal y de cualquier visitante del INE parecían más que de búnker, de reclusorio.
“No puede ser que el Instituto esté fincado bajo la fama de persecución y de acoso. De repente empezaron a poner criterios de reclusorio acá. Absolutamente inadmisible. En una entidad ciudadana abierta por excelencia, de repente se empezaron a poner controles, limitaciones, cámaras, gente que nos decía ‘no, no, mire, no platiquemos aquí’, fuimos depositarios de testimonios de personal que estaba realmente preocupado y acosado”.
Álvarez Icaña recordó que ha habido casos gravísimos de los últimos años que no solo se dieron a conocer en redes sociales sino que, incluso, llegaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Ferderación como el de de José Luis Delgado, un empleado con fibrosis pulmonar que no recibió apoyo del instituto.
“Tuvo que llegar a litigar para poder ver si se contaba con condiciones para poder hacer el trabajo en casa de una manera extrema, absurda, perdónenme, raya en lo ridículo, porque mandó un mensaje absolutamente contradictorio del cumplimiento del objeto constitucional y misión de esta entidad con el maltrato al personal del Instituto.
“El Instituto Nacional Electoral tendría que ser un ejemplo de garantía de derechos humanos y derechos laborales. Eso es inaceptable, es absolutamente contradictorio a los valores que el INE dice promover, que por mandato constitucional tiene que promover”.
Por lo que reconoció que las decisiones de las consejerías encabezadas por la presidenta provisional Blanca Cruz de impulsar estos programas pero, también, de inhabilitar los torniquetes que Taddei impuso en el edificio de consejerías y de partidos políticos para controlar y restringir el acceso, son acciones que “están mandando son pertinentes y oportunas porque necesitamos caminar en la dirección de recuperar la confianza”.
Como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Carla Humphrey presentó este nuevo Programa que “busca fortalecer la respuesta institucional frente a casos de violencia, con mecanismos eficaces de denuncia, atención, sanción y reparación integral”, pues reconoció que muchos casos les han llegado por denuncias en redes sociales.
“Por eso, este programa tiene como fin promover y garantizar dentro de este Instituto espacios laborales seguros, inclusivos y libres de violencia, orientado a prevenir, atender y erradicar el hostigamiento y el acoso sexual y laboral, la discriminación y los riesgos psicosociales en los espacios de trabajo del Instituto mediante acciones coordinadas entre las áreas del Instituto para prevención, sensibilización, capacitación, detección, atención, seguimiento y mejora organizacional con enfoque de derechos humanos, igualdad de género, no discriminación y bienestar laboral”.
Explicó que se aplicará en todos los centros de trabajo del INE, por lo que no sólo está enfocado en casos contra la exconsejera presidenta sino cualquier tipo de irregularidad en oficinas centrales, en las las juntas locales y juntas distritales, pero también en los módulos de atención ciudadana.
“Y comprende a todo el personal que labora en dichas unidades, independientemente de su nivel jerárquico, tipo de contratación o régimen, así como a las personas que por razón de sus actividades interactúan en los espacios laborales del Instituto”.
Las exigencias de renuncias implican desde quienes asumían la silla de la Secretaría General Ejecutiva, puestos en la Junta General Ejecutiva y subdirecciones de área, hasta personal de otros niveles en todas las áreas para que los perfiles afines que llegaban de titulares acomodaran a sus afines.
EHR