El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar a BBVA Bancomer por 377 mil 450 pesos tras haberse negado durante varios años a entregar la información sobre la trama de Asismex, empresa fantasma usada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el presunto pago a funcionarios de casilla.
El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, recordó que en enero de 2018 se determinó abrir un procedimiento en contra de BBVA Bancomer por la negativa y retraso en la entrega de la información necesaria para que pudieran concretar la fiscalización del proceso electoral 2011-2012 relacionado con Monex.
Recordó que en ese caso “se identificaron distintas tarjetas bancarias que habrían recibido depósitos para pagar a representantes de partidos políticos, esta autoridad electoral inició sus indagatorias y hubo un momento en el que el banco referido dejó de entregar la información entre 2014 y 2017”.
Fue hasta diciembre de 2017 que Bancomer entregó la información y en enero de 2018 el INE pudo sancionar la trama conocida como Asismex.
“Que consistió en que una empresa llamada Logística Asismex recibió depósitos por mil 394 millones de pesos, esta empresa en el mes previo a la jornada electoral estuvo dispensando recursos y no emitió facturas que pudiera ser localizadas en el SAT, no se ubicó en el domicilio, es decir, una empresa que se esfumaba pero cuya fachada fluyeron en 10 meses casi 10 mil 400 millones de pesos.“Siete mil 311 personas habían recibido pagos a través de tarjetas bancarias de esta empresa y habían estado trabajando como representantes de casilla, es legítimo tener representantes, lo que no es legítimo es fondear con dinero opaco. Después se supo que fue una empresa usada para desviar recursos en el gobierno de Javier Duarte, impuso amonestación y la revirtió el tribunal”.
Y destacó que de no haberse dado esta omisión, el INE habría podido concluir y sancionar este tema desde el 2014, aunque reconoció que actualmente el banco es más ágil al momento de responder a requerimiento.
El consejero Martín Faz pidió que la multa fuera de tres millones de pesos y no de 300 mil, pues entregar la información al margen de la prescripción podría haber implicado un acto de impunidad; sin embargo, su propuesta fue rechazada.
JLMR