El Instituto Nacional Electoral pospuso la aprobación de una multa de 119 millones de pesos al Partido del Trabajo tras acreditar, luego de casi cuatro años, que se beneficiaron al menos con 59.9 millones de pesos que María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente nacional Alberto Anaya, desvió de recursos públicos que el gobierno estatal de Nuevo León destinó para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).
La investigación concluyó que, en los años 2015, 2016 y 2017, el gobierno estatal de Nuevo León depositó 260 millones de pesos en la cuenta personal de María Guadalupe Rodríguez Martínez, como directora de los Cendis en esa entidad, para que los destinara a 13 centros.
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Rodríguez Martínez, de quien se acreditó su relación con el Partido del Trabajo y la asociación civil Frente Popular Tierra y Libertad, emitió diversos cheques a Héctor Quiroz García, comisionado nacional del PT en Aguascalientes por 59 millones 935 mil 347.9 pesos, a su vez, éste expidió cheques a Elsa Lilia Peinado Pérez por 30 millones 263 mil 619.51 pesos, también militante del PT y social fundadora del Frente Popular Tierra y Libertad.
“Esta autoridad tuvo conocimiento que el C. Héctor Quiroz García no guarda relación jurídica con los CENDI y no presentó alguna prueba que justiciara la recepción de recursos por parte de la C. María Guadalupe Rodríguez, los cuales, debían ser destinados para la operación de dichos centros”
Más adelante, concluyen que “esta autoridad fiscalizadora no encuentra motivo o razón por la que se transfirieran cantidades millonarias entre las personas involucradas y, por contrario, se hallaron indicios que, concatenados entre sí, apuntan al beneficio del PT a través de personas físicas que aguardan una condición en común: ser militantes de dicho partido".
"Así pues, esta autoridad llega a la conclusión que la presencia de las personas que fueron beneficiadas por recursos cuyo origen proviene de la directora general de los Centros de Desarrollo Infantil no es azarosa, sino que supone una organización y una coordinación. No resulta verosímil que dichas personas hubieran actuado aisladamente, puesto que existen varios elementos que permiten suponer la existencia de vínculos entre sí y de un fin común. Por el contrario, resulta absolutamente lógico y razonable afirmar que estas acciones forman parte de una sola acción, de una misma operación".
La Unidad de Inteligencia Financiera remitió un reporte de operaciones inusuales y relevantes que indican que Rodríguez Martínez recibió el 2 de febrero de 2017, en su cuenta Banorte, una transferencia de 100 millones de pesos a nombre del gobierno de Nuevo León.
De ese dinero, ella emitió seis cheques por un total de seis millones de pesos a María Cristina Martínez Corpus quien labora en los Cendis; seis cheques más por nueve millones 980 mil 765 pesos a María Mayda Paredes Díaz, secretaria de la dirección general de los Cendi desde 1993; 24 cheques por 11 millones 12 mil.92 pesos emitidos a Héctor Quiroz García, comisionado nacional del PT en Aguascalientes.
Rodríguez Martínez intentó justificar que la cuenta en que recibió estos recursos era mancomunada y que se creó en conjunto con el gobierno de Nuevo León, lo que el gobierno estatal negó.
En total, se detectaron 14 personas que estuvieron involucradas en estos depósitos pero después de casi cuatro años de investigación, únicamente se comprobaron 59 millones de pesos que directamente terminaron beneficiando al Partido del Trabajo.
Para deslindar responsabilidades, el proyecto plantea dar vista a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, a la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT, a la Auditoría Superior de la Federación y al gobierno de Estado de Nuevo León, para que indaguen a los Cendis.
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Posponen aprobación al viernes
Al inicio de la sesión del Consejo General, el representante del PT pidió bajar el asunto al alegar que había irregularidades en el proyecto y no tuvieron tiempo de revisarlo, en lo que los respaldó el PRI y Movimiento Ciudadano.
La consejera Adriana Favela, presidenta de la comisión de Fiscalización señaló que es una investigación que inició en 2017, por lo que no es ni nuevo ni superficial, mientras la consejera Dania Ravel, agregó que no hay nada que ameritara devolver el asunto sin aprobarlo.
“Está muy lejos de ser un procedimiento apresurado, en realidad ha llevado poco menos de cuatro años y tiene una investigación exhaustiva sobre el origen de los recursos y diversos movimientos bancarios, hay muchos hechos acreditados, hay algunos aspectos de destino final de recursos que quedan indefinidos, en parte porque el dinero que queda líquido se vuelve irrastreable, pero el hecho fundamental que es el ingreso de dinero no declarado y además de un origen muy cuestionable está bien acreditado.
“De tal manera que yo podría entender la preocupación del partido pero no se puede decir que se trate de una investigación precipitada e incoherente, es muy extensa y exhaustiva y las conclusiones se sostienen, al menos eso es lo que se valoró dentro de la comisión de fiscalización”, agregó el consejero Jaime Rivera.
Finalmente, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, propuso que se mantuviera el asunto, pues de acuerdo al reglamento, bajarlo podría posponerse por varios meses, pero si se retira durante la discusión se obligaba a tratarse en la próxima sesión del Consejo General del viernes.
MjI