El titular del Órgano Interno de Control del INE, Luis Oswaldo Peralta, documentó probables irregularidades por alrededor de 400 millones de pesos durante la gestión de Lorenzo Córdova como presidente del Consejo General del organismo electoral.
En reunión de trabajo con la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el contralor del instituto informó que tan solo en 2023 recibió 2 mil 407 denuncias, de las cuales derivaron 715 investigaciones, 38 informes de presunta responsabilidad administrativa, así como la litigación de 35 faltas no graves que involucran a 35 presuntos responsables y tres faltas graves con trece presuntos responsables.
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Entre las desviaciones registradas, el funcionario enumeró el gasto de 11 millones de pesos en una Memoria de Gestión Institucional 2014-2023, correspondiente al ejercicio de Córdova, pero que jamás se entregó, así como 16 millones de pesos no justificados en obras por más de 120 millones en el edificio de la Junta Local del INE en Zacatecas.
Asimismo, explicó que el nuevo Consejo General logró ahorros de más de 221 millones de pesos en la compra y mantenimiento de 513 vehículos por un total de 306 millones de pesos, en contraste con la renta de ese parque vehicular por 527 millones en la anterior administración.
Entrevistado al finalizar su encuentro con los legisladores en el Palacio de San Lázaro, Peralta subrayó que las sanciones por las irregularidades señaladas pueden ir desde la amonestación y la suspensión hasta la destitución y la inhabilitación para los servidores públicos en activo, no así para ex funcionarios o ex consejeros.
“Pero para el caso de los ex servidores públicos, pues a ellos ya no podemos destituirlos; para ellos ya nada más nos quedan, en términos generales, o una amonestación que se va a los libros para efectos de registro o una inhabilitación, pero, insisto, en el caso de que se investiguen adecuadamente y se acrediten plenamente las presuntas faltas administrativas que, en su caso, se llegasen a imputar”, dijo.
Remarcó, sin embargo, que ninguna de las irregularidades señaladas por el órgano de control pone en riesgo el proceso electoral en marcha, pues el INE es “administrativamente estable”.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Pablo Angulo, precisó que el monto total de irregularidades documentadas por la Contraloría del INE durante la administración anterior se aproxima a 400 millones de pesos.
“En un aproximado se habló de 400 millones de pesos de la gestión anterior del INE, que no solo no está transparente y opaco, sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos; las sanciones respectivas en los tribunales pueden ser inhabilitación de los funcionarios hasta por diez años, si es una sanción administrativa grave, y también tenemos conocimiento que ha presentado denuncias contra ex funcionarios del INE ante la Fiscalía Anticorrupción”.
Subrayó que se trata de algunos de los más altos funcionarios del INE, aunque su identidad se mantiene en secrecía por cuestiones legales y de procedimiento.