Tal como se lo mandató la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) prepara los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos internos de los partidos, previos al arranque del calendario electoral, entre los que destaca la prohibición para que servidores públicos participen en los actos de promoción que se están realizando en el país.
“Queda prohibida la promoción personalizada de servidores públicos en el marco de los procesos políticos consistente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público o que manifieste una aspiración personal en el sector público, que señale planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el ámbito de las atribuciones que le confiere el cargo que ejerza”, dicen al menos dos borradores que ha circulado.
Hasta ahora, los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena ya renunciaron o pidieron licencias a su cargo; sin embargo, hay aspirantes del bloque opositor, conformado por PRI-PAN-PRD, como Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes o Miguel Ángel Mancera, que aún no piden licencia a sus cargos como legisladores federales.
El INE tiene hasta medianoche para emitir estos lineamientos, en acatamiento de la sentencia dictada por el TEPJF, el cual le dio cinco días naturales para dictar las reglas para los procesos que actualmente desarrollan los partidos políticos.
La aprobación de los mismos deberá darse en sesión del Consejo General del INE, a la que, hasta el mediodía de este miércoles, no se ha convocado.
En los lineamientos, según los borradores, se establecerá que las personas servidoras públicas podrán asistir a los eventos de proselitismo político únicamente en días inhábiles y no podrán hacer expresiones en favor o en contra de alguna persona inscrita dentro de los “procesos políticos”.
Además, en los lineamientos, el INE propone conceptualizar como procesos políticos las actividades que han estado realizando los partidos políticos en estos tiempos que no se consideran aún dentro del proceso electoral, y como “personas inscritas” a los aspirantes a los cargos internos partidistas por los que presuntamente compiten.
Así, el INE propone definir como procesos políticos al “conjunto de actos, actividades y propaganda que realizan los partidos políticos y cualquier persona cuya naturaleza y finalidad sea establecer una estrategia, posicionar y/o definir liderazgos políticos, que podrían ostentar una precandidatura o candidatura en el proceso electoral 2023-2024, así como aquellos otros procesos que sean similares”.
En tanto, “persona inscrita” será la que “conforme a las reglas del Proceso Político correspondiente ha sido inscrita para ser electa o designada a un liderazgo político independientemente de la o cualquier denominación que se le dé”.
Además, se prevé que se defina que el instituto realice la certificación de los elementos de propaganda colocada en vía pública, tales como espectaculares, en vehículos de transporte público y pinta de bardas, y que ordene el retiro inmediato de toda propaganda que contenga elementos de naturaleza electoral o que sean equivalentes, así como aquella propaganda que no incluya los elementos de identificación del proceso político y en su caso de la persona inscrita.
De no retirarse, el INE lo contabilizaría como gasto de precampaña.
Los borradores plantean considerar el gasto en propaganda, la cual deberá ser genérica, no con mensajes electorales, como parte del ejercicio ordinario de los partidos, e incluso permitir el financiamiento privado con los límites establecidos en las reglas vigentes para el periodo ordinario.
- Te recomendamos Legisladores de Morena exigen a Santiago Creel su licencia; panista anuncia demanda por daño moral Política
El INE prevé establecer que “independientemente de los procedimientos de campo que realice la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), es obligación de los partidos políticos nacionales reportar mediante el Sistema Integral de Fiscalización, los ingresos y gastos que se hayan generado para la realización de actos y propaganda en beneficio de los mismos o de personas inscritas”.
Así, si un partido político desea deslindarse de propaganda colocada en espacios públicos o de gastos no reconocidos como propios, tendrá que seguir lo establecido en el Reglamento de Fiscalización, a través de un documento escrito presentado ante la UTF y deberá ser “jurídico, oportuno, idóneo y eficaz”.