El Instituto Nacional Electoral (INE) será el aval para evitar que Estados Unidos imponga sanciones a México tras el intento de fraude en la votación de General Motors que determinaría si el sindicato de la CTM mantendrá la titularidad del contrato colectivo de trabajo frente a una disidencia vinculada al senador morenista Napoleón Gómez Urrutia.
El INE tendrá la responsabilidad de vigilar que el proceso se repita, pero esta vez sin prácticas ilegales. Para reforzar la vigilancia, también habrá presencia de observadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La planta de General Motors en Silao, Guanajuato, demostró que el charrismo sindical mexicano choca con las reglas del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que ya provocó un enfrentamiento entre los gobiernos mexicano y estadunidense por una votación amañada, por lo que tendrá que repetirse con el INE como mediador y en calidad de observador, garantizando la certeza y legalidad del proceso.
De acuerdo con reportes internos de las negociaciones, a los que MILENIO tuvo acceso, en la votación del pasado 20 y 21 de abril se comprobó que el sindicato “Miguel Trujillo López”, perteneciente a la CTM, buscó reventar la elección al detectar que la mayoría de los trabajadores querían un nuevo contrato y, por lo tanto, otro líder sindical.
La administración de Joe Biden, a través de la Representación Comercial de Estados Unidos, documentó que la madrugada del 21 de abril hubo robo y destrucción de boletas, inutilización del material electoral en el local sindical de resguardo impidiendo el acceso de las autoridades; que el cómputo de votos inició a la mitad de la jornada abriendo paquetes de manera indebida para negarse a entregar los 3 mil 435 votos emitidos.
Se observaron actos de violencia e intimidación para impedir el voto y presencia de personas ajenas al sindicato; los trabajadores no recibieron un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo que iban a legitimar, por lo que no sabían por qué estaban votando; impidieron la participación de la Secretaría del Trabajo, notarios y observadores.
Además, la votación no se desahogó en lugares, fechas y horarios prestablecidos en la convocatoria; no se resguardaron las actas de votación, las listas, las boletas ni el material en general; no se foliaron ni sellaron las boletas y se permitió que votaran personas no identificadas.
Anulación
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Luisa María Alcalde, tuvo que suspender la votación y el 11 de mayo se determinó la nulidad del proceso para ordenar la reposición, ante reclamos en Estados Unidos de líderes sindicales y congresistas demócratas, que acusaban “una bofetada en la cara”; mientras General Motors se deslindó de las violaciones cometidas por el sindicato mexicano.
Tras semanas de negociación bilaterales, en las que el gobierno de Estados Unidos acusaba violaciones a los lineamientos del T-MEC que derivarían en sanciones y ponían en riesgo el acuerdo trilateral, la administración de Biden enlistó sus requisitos a los que México debía sujetarse y garantizar que se cumplan en la próxima votación, que se realizará el 17 y 18 de agosto.
MILENIO confirmó que la administración estadunidense buscaba que el INE se hiciera cargo en su totalidad de la elección. Sin embargo, no existían condiciones de certeza, como un padrón confiable, capacitación a quienes recibirían y contarían los votos o el resguardo de los paquetes, como se prevé en los estándares de una votación electoral. El INE aceptó solo participar como observador.
De esta manera, el gobierno de Biden estableció como uno de sus requisitos, que el INE enviara observadores a la votación, que documente cualquier tipo de irregularidad en el proceso y presente un informe para que se determine si este nuevo ejercicio tiene validez. Lo que el gobierno mexicano aceptó y firmaron de mutuo acuerdo.
El 20 de julio la Secretaría del Trabajo envió formalmente un escrito al consejero presidente Lorenzo Córdova solicitando su participación, lo que representa un ejercicio inédito para la autoridad electoral que, además, como parte de los compromisos, creó una guía de observación para elecciones sindicales.
A fondo
Con la advertencia de que de no cumplir con estas exigencias Estados Unidos “podría decidir imponer otros remedios”, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que investigar a fondo y sancionar a los responsables de las violaciones cometidas en la votación de abril, lo que ya puso en marcha la Secretaría del Trabajo.
Esta misma área del gobierno federal debe generar un correo electrónico y asignar personal para la creación de un número telefónico en el que los trabajadores puedan presentar quejas anónimas o denunciar intimidaciones; se apegará al protocolo de supervisión conjunto con las autoridades electorales asignando cinco veces más supervisores que en la ocasión anterior y realizará entrevistas aleatorias para garantizar que no existan irregularidades previas a la votación.
La votación sigue a cargo del sindicado “Miguel Trujillo López” de la CTM frente a una disidencia del senador Gómez Urrutia, por lo que la participación de los observadores internacionales y los mexicanos del INE será indispensable al estar frente a personal sindical, que pueden actuar como juez y parte, al ser los encargados de recibir los votos, contarlos y resguardarlos.
Funcionarios electorales confirmaron que el pasado 5 de agosto un grupo de observadores del INE acudió a supervisar las instalaciones de General Motors en Silao para identificar los cinco puntos de votación que se colocarán en la planta.
ledz