Las medidas de apremio que ha interpuesto el Instituto de Transparencia en contra de sujetos obligados a transparentar toda su información, ha permitido mejorar en un 20 por ciento el cumplimiento de resoluciones, indicó el comisionado Gustavo Parra Noriega, luego de indicar que el objetivo es hacer valor el derecho a la información que tiene la población.
En seis meses que llevan evidenciado a quienes no cumplen con las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia, el Infoem ha interpuesto más de 2 mil medidas de apremio a diversos sujetos.
Tan solo en la última sesión del órgano garante fueron 89 medidas, de las cuales 60 fueron apercibimientos y 29 amonestaciones públicas, pero también han fijado multas.
En los casos donde se ha dictado multa ya se pagaron las mismas a la Secretaría de Finanzas, quien asigna ese recurso de manera directa al Instituto como ingresos propios, aunque, aclaró que el fin no es sancionar y recaudar, sino aplicar la ley y aumentar el cumplimiento de obligaciones, en favor de la población.
Si alguien no está conforme con la sanción, puede interponer el recurso correspondiente y el Instituto litiga esos asuntos para demostrar que la medida es la indicada, aunada a que el Órgano de Control Interno de cada instancia debe iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.
“Hay quien ha pagado sin impugnar y puede pagar en un mes después de ponerse la multa. El recurso es directo para nosotros, es considerado ingresos propios. Ellos lo cobran y nos lo depositan, por medio de un convenio con la Secretaría de Finanzas”, aseveró.
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De alguna manera, la aplicación de medidas de apremio demuestra a los sujetos obligados que la ley se aplica a quien no cumpla las resoluciones del Instituto y eso les hace establecer mejores estrategias para estar al día, sin sanciones en su contra, porque en el caso de reincidencia la multa aumenta.
Las sanciones son por incumplimiento parcial o total a las obligaciones de transparencia y a las resoluciones del Instituto, lo cual se puede tomar como desacato y llegar a una sanción mayor si sigue sin atenderlas.
Entre los sujetos sancionados están, sobre todo, instancias municipales, al ser las de mayor número de peticiones y recursos en su contra.
En este año van más de 58 mil solicitudes, de las cuales 33 mil 917 corresponden a diversos municipios y 16 mil 419 a dependencias del Poder Ejecutivo y se han emitido 7 mil 550 recursos, de los cuales 6 mil fueron en contra de diversos municipios.