Tras descartar de inicio un juicio político, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León inició este miércoles de manera oficial con el proceso de sanción al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al secretario general de Gobierno, Manuel González.
Tras dejar en permanente la sesión que inició a las 16:30, el presidente de la Comisión, el diputado del Movimiento Ciudadano, Arturo Bonifacio de la Garza, advirtió que será una sanción histórica para el estado, y según sus cálculos, para noviembre tendrían listo un dictamen al respecto.
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“Hoy en la Comisión Anticorrupción se comenzó ya de manera formal el análisis del mismo para la siguiente semana convocar y de esa misma manera pasa a votación las reglas del proceso y mandarlo a Pleno lo más pronto posible.
“Es un plazo en el que aproximadamente nos tardaríamos, yo espero, para noviembre tener la resolución del mismo, porque estamos hablando de la gobernabilidad del estado", dijo.
“Se pide declararla en permanente para que la siguiente semana ya sea algo que se vote en esta comisión, se pasa a Pleno y comenzamos con el calendario. Lo que vamos a hacer en esta semana es que las reglas procesales de la sanción que bien mencionamos dentro de la comisión, sean analizadas por todas las bancadas para estar en común acuerdo de qué proceso se va a llevar para obedecer la orden de este tribunal. Se descarta totalmente el juicio político”, declaró.
Agregó que el juicio político se descarta porque están obedeciendo la orden de un Tribunal, que no les está pidiendo un juicio político, y en cambio pide que el Congreso como superior jerárquico sancione.
Comentó que sobre las observaciones que han recibido, son de forma sobre las reglas procesales que se están dando, y como se trata de un caso muy delicado se cuidan demasiado los detalles.
Expresó que no existe ningún pacto en relación a la sanción que deben aplicar, ya que lo único que tienen es la orden del Tribunal Electoral para proceder.
En junio de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso local sancionar al gobernador y al secretario de Gobierno por haber cometido anomalías en el levantamiento de firmas para lograr la candidatura independiente a la Presidencia de la República de Rodríguez Calderón.