El Instituto Nacional de Migración deberá informar cuántos funcionarios han sido apartados de sus cargos y sancionados por participar, colaborar o apoyar el tráfico de migrantes del 2010 a la fecha, para comprobar si la institución está apegada a salvaguardar los derechos humanos de las personas que transitan por el país.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que el Instituto Nacional de Migración deberá realizar una nueva búsqueda exhaustiva para localizar los casos de funcionarios de migración que hayan tenido vínculos con el tráfico de personas, que hayan enfrentado una investigación, sanción o remoción del cargo.
La información debe desglosarse por año, funcionarios apartados o sancionados, la sanción impuesta, el evento por el que se le imputó y el número del expediente con el que quedó registrada la investigación.
La comisionada Norma Julieta del Río Venegas destacó que la más reciente tragedia donde murieron más de 50 migrantes en un tráiler en Texas exhibe la necesidad de que las autoridades en la materia se apeguen a las exigencias que implica garantizar los derechos humanos de las personas que transitan por México.
“La historia de nuestro país no puede entenderse sin la migración, somos una nación con una fuerte tradición migratoria cuyo destino principal son los Estados Unidos, pero también nos hemos convertido en un país de tránsito y destino de población de otros países. Las restricciones internacionales para frenar la migración no hacen sino colocar, a quienes deciden hacerlo, en situaciones de extrema vulnerabilidad. El ejemplo más reciente que nos entristece a todos es el hallazgo de los cuerpos sin vida de las personas en el interior de un remolque abandonado en el sur de Texas” dijo Venegas.
Por lo que consideró que hacer públicas las resoluciones en contra de servidores públicos que desde su cargo hayan colaborado en el tráfico de personas, “es indispensable para conocer si su actuación está apegada a salvaguardar los derechos humanos de quienes transitan en el país”.
Luego de que el INM respondió a una solicitud ciudadana que no contaba con esta información, el INAI determinó que el instituto utilizó un procedimiento de búsqueda erróneo, pues pudo consultar en el Órgano Interno de Control donde se debe tener un registro de este tipo de investigaciones y sanciones.
“La impunidad no puede permear sobre los casos de posibles violaciones a los derechos de las personas migrantes y refugiadas. También, la información pública que se solicita a este sujeto obligado servirá para rendir cuentas sobre la salvaguarda de otros derechos como el derecho de acceso a la justicia y a la verdad, sobre todo, si es en relación con violaciones graves de derechos humanos de sectores de población marginados, discriminados y vulnerados”, agregó la comisionada.
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