El Instituto Electoral de la Ciudad de México es la única autoridad electoral de todo el país, a la que Morena ha logrado reformar bajo el yugo de la austeridad republicana, la fusión de áreas, el despido de personal, la cancelación de actividades, la asfixia presupuestal y la reducción de facultades, lo que los mantiene bajo una presión que podría llevarlos a una parálisis institucional.
A seis meses de que la mayoría morenista en el Congreso capitalino aprobara la reforma que implicó desaparecer cinco áreas y reducir el 40% de la estructura organizativa, el IECM sigue sin poder liquidar a todo ese personal al que le adeudan 35 millones de pesos, lo que se ha derivado en una bola de deudas ante la obligación de entregar prerrogativas a los partidos políticos, con dinero que no tienen, por el recorte presupuestal de 95 millones de pesos.
El consejero Mauricio Huesca explicó a MILENIO que viven en un ambiente de asfixia que los mantiene maniatados y que dice, no tiene duda que es parte de la estrategia que ha demostrado Morena en los diferentes niveles de gobierno, para atacar a las autoridades electorales.
“Yo no tengo ninguna duda de que el partido mayoritario en el poder sí pretende una debilitación del órgano y de la autoridad electoral porque se ha empeñado en llevar a cabo actividades tanto legislativas, en normas y en presupuesto, que debilita la actuación del Instituto Electoral de la Ciudad de México frente a la ciudadanía.
“Sobre todo, por la insistente aplicación o reducción de recursos públicos que llevan a cabo y que es una forma de intentar de sofocar las actividades del propio órgano electoral, que lo que buscan es el parálisis institucional para que no puedan defender las actividades ciudadanas y otras libertades como la participación, el voto informado, la libertad de participación y de llevar a cabo mecanismos de participación ciudadana”.
El consejero recordó que cuando, a principios de año se comenzó con la idea de una reforma electoral a nivel federal que se vio frenada por el inmediato rechazo de los partidos de oposición, en el caso de la Ciudad de México, consideraron que desde nivel local donde tienen la mayoría en el Congreso, podían avanzar en esta estrategia.
Sin embargo, señaló que nunca se les dio la oportunidad de exponer con datos reales cómo funciona el Instituto y trabajar en conjunto para que los cambios no afectaran la operación y sus deberes legales.
“Nos escucharon en una sola ocasión, en una reunión informal y la conversación fue y la conversación inicial fue contundente ‘los vamos a escuchar, pero la reforma va o va, porque tenemos la mayoría en el congreso’, ésa fue la carta de presentación”
Con esta reforma, afectaron directamente las funciones del Consejo General pues les impidieron crear comisiones de trabajo, que son la esencia de todos los órganos electorales, pues las consejerías se dividen las tareas para la organización de los procesos electorales y las actividades ordinarias.
“Maniatan al Instituto para poder cumplir de manera correcta, las responsabilidades que tenemos”.
Pero además, concentran todas las responsabilidades en la presidencia del Consejo General y, a diferencia de la propuesta de reforma federal que busca desaparecer a la Secretará Ejecutiva del INE, en este caso dan todo el poder a esta figura que además, es nombrada por la presidencia.
“Ahora todo se concentra en una sola persona, que dicho sea de paso, es una persona ejecutiva, que tendría que, nada más llevar a cabo la ejecución de lo que se delínea en el Consejo General, pero prácticamente a las consejeras y a los consejeros nos dejan como meros espectadores de lo que está ocurriendo e incluso de la planeación que va a llevar a cabo el instituto”.
El pasado 7 de noviembre, MILENIO publicó que la asfixia presupuestal a los Organismos Públicos Locales Electorales era generalizada en todo el país y ningún partido político en el gobierno local era la excepción, sin embargo, la situación de la Ciudad de México siempre fue especial.
El consejero explicó que iniciaron el año con un recorte presupuestal de 90 millones de pesos, y ante la obligación de entregar las prerrogativas a los partidos políticos,condicionaron las últimas tres ministraciones a una ampliación presupuestal del Congreso. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no estuvo de su lado y le dio la razón a los partidos políticos, obligando a entregarles el dinero con el que no contaban.
“La entrega de prerrogativas de partidos políticos es una de las cuatro labores del IECM, pero no es la fundamental, pensar que el instituto nace con el propósito de trasladar el dinero a los partidos políticos sería la reducción de la propia función electoral. Desafortunadamente los partidos políticos tuvieron una sentencia en el que la Sala Superior solamente reconoció que ésta era una atribución suprema sobre otros deberes, como es la construcción ciudadana y los procesos electorales, nos dijeron ‘ésta es la única actividad que no puedes dejar de hacer”.
Para cumplir con esta sentencia, el Consejo General acordó tomar recursos de otras áreas, lo que impactó en los ahorros para laudos laborales, en donde ahora, deben 60 millones de pesos por entregarle esos recursos a los partidos. Por lo que tienen una bola de deudas que sólo va incrementando, mientras 60 personas despedidas a causa de la reforma, siguen en espera de sus liquidaciones totales.
“Nunca hemos tenido un escenario tan raquítico y maltratado de las autoridades que aprueban el presupuesto, como lo que hemos vivido a partir de que se integra el primer Congreso de la Ciudad de México, con lo que es sobre el partido mayoritario”.
Lo que también afecta en la certeza de cómo operarán en las próximas elecciones y los procesos adicionales que le corresponden al IECM como consultas vecinales y barriales o las de presupuesto participativo que afecta a más de 40 mil personas.
Reforma debilita fiscalización, abre la puerta a financiamiento ilícito
La reforma, además, desapareció y fusionó áreas, debilitando principalmente, la fiscalización. Pues contrario al discurso con el que se argumenta que los OPLES pueden desaparecer porque es el INE quien fiscaliza, las autoridades electorales locales son las responsables de vigilar a los partidos y asociaciones políticas locales, a las candidaturas independientes y de liquidar a los partidos locales que pierden los registros.
Esta área, ahora se fusionó con la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, es decir, la misma persona que anteriormente se encargaba del registro de candidaturas, y de las quejas entre partidos, ahora tiene que analizar la fiscalización.
Alaín Barreradirector de fiscalización, liquidación y procesos administrativos sancionadores explicó que este cambio les ha complicado su labor, pues se les quitó su independencia y ahora, la carga burocrática vuelve los procesos más lentos, cuando se requiere actuar con inmediatez en anomalías en el uso de recursos públicos.
“Le pega a un punto importante que es la alta especialización que tienen las personas servidoras públicas de esta institución, se necesita saber no sólo de contabilidad, también de derecho electoral, de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, deliquidación de partidos políticos. Y en ese caso tenemos que transparentar la rendición de cuentas y que no haya recursos de procedencia ilícita, eso es muy, muy importante”.
Otra área afectada es la de Género y Derechos Humanos desapareció incluida el área que atendía temas de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, dejando al personal desprotegido.
“Éramos 15 personas de estructura y eventualmente teníamos algunas personas por honorarios, al principio fueron tres, después cinco, después dos y después ninguna”, explicó Imelda Guevara Olvera quien anteriormente comandaba este grupo y que ahora, ha visto reducida su labor.
“Esto implica que tengamos una regresión de derechos, contrario a lo que las constituciones tanto federal como local determinan, la progresividad de derechos y la no regresión, esto va a contrario a toda norma también que se establezca en materia de derechos humanos en el ámbito internacional y que el Estado mexicano ha firmado”.
Mientras que la Educación Cívica también desapareció y de 22 actividades para empoderar a la ciudadanía, ahora sólo pueden elegir una o máximo dos.
El IECM ahora se caracteriza por los espacios vacíos, las computadoras apagadas y la acumulación de trabajo en los escritorios donde el personal logró sobrevivir al recorte.
Tras la aprobación de la reforma, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum justificó que la presidenta del IECM, Patricia Avendañocolaboró directamente en pláticas para llegar a esta decisión “y ella incluso, habló de lo que significaban muchas plazas que no eran necesarias”, lo que ha generado un ambiente ríspido al interior del instituto.
MILENIO solicitó una entrevista con la consejera presidenta, quien argumentó que no podía atender la entrevista pues prefería esperar a que se resolvieran las ampliaciones presupuestales solicitadas.
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