El INE tiene hasta cinco años como plazo máximo para resolver el caso de Pío López Obrador. Pero el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera advirtió que tanto a las autoridades como a los implicados, “les conviene que se resuelva cuanto antes”, para lo que es fundamental que todos colaboren.
En entrevista con MILENIO, el consejero encargado de la comisión de Fiscalización consideró que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les permitió continuar con la investigación, “ayuda a quitar los obstáculos” que han enfrentado durante un año de indagatoria, pues explicó que a pesar de que el plazo para resolver es de cinco años e incluso podría ampliarse, lo mejor es resolver cuanto antes.
“Hay un límite máximo de investigación de este tipo de casos de cinco años pero podría ampliarse si hay nuevos hechos, ese plazo máximo no tiene que agotarse, a las autoridades les conviene que cuanto antes se resuelva este caso, y a las propias personas denunciadas puede convenirles aportar toda la información que tengan para que la investigación llegue a una conclusión que puede ser que conduzca a alguna sanción, a la absolución o simplemente a que no hay elementos de prueba y que el caso tuviera que cerrarse, pero eso no se puede adelantar ni en el tiempo ni mucho menos en cuanto a los resultados”.
En los últimos meses, en sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, consejeros y consejeras integrantes de la Comisión de Fiscalización han acusado varias resistencias por parte de las autoridades, principalmente de la Fiscalía General de la República para aportar datos y elementos sobre la investigación en contra de Pío López Obrador, David León y Morena por la entrega de dinero en efectivo, que pudo haber sido utilizado para financiar las campañas electorales.
Rivera dijo que “no tenía confirmado” si la Unidad Técnica de Fiscalización ya emitió nuevos requerimientos con el respaldo de esta sentencia, pero señaló que por ahora, analizan el caso con la información que entregaron otras autoridades como el SAT y la UIF.
Sin embargo, al menos en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, su titular Santiago Nieto reveló en MILENIO Televisión que no encontró ningún elemento irregular en las cuentas y movimientos financieros del hermano del presidente de la República.
“Y en algunos casos como la Fiscalía, ha invocado el principio de la secrecía de las investigaciones penales pero es un hecho que una autoridad investigadora como lo es el INE también tiene derecho a conocer información que sea de utilidad para la indagatoria que está realizando, guardando la confidencialidad debida, eso hay que decirlo, todas las investigaciones que realiza el INE se hacen sobre el principio de presunción de inocencia, garantía de derecho de audiencia para los denunciados, deben tener todo el derecho a defenderse y alegar lo que les convenga”.
El consejero Jaime Rivera insistió en que se trata de una investigación compleja pues incluso la sentencia del TEPJF señala que el INE debe aclarar si este dinero llegó no solo a Morena, sino a campañas o candidatos en específico, y sobre todo, si el dinero se utilizó en la campaña presidencial del 2018 de Andrés Manuel López Obrador o cualquier candidato morenista; sin embargo, se pueden generar nuevas líneas de investigación o en el transcurso llevar a nuevos indicios o hipótesis
En 2020 MILENIO reveló que el INE envió a Pío López Obrador y David León un cuestionario idéntico en el que los cuestiona sobre el origen y destino de 2.4 millones de pesos que habría intercambiado en el 2015, sus encuentros, el número de entregas y la entrega de la presunta “biblia” en la que el hermano del presidente señala en uno de los videos difundidos, que lleva el registro del dinero que recibe.
Los implicados respondieron los cuestionarios aunque en el caso de López Obrador, acusó que algunas de las preguntas violaban el principio de presunción de inocencia e inducían a incriminarlo, por lo que llevó el caso del TEPJF que después de casi un año de espera resolvió contrario a sus pretensiones de frenar la pesquisa.
El consejero Jaime Rivera señaló que los implicados podrían recibir nuevos emplazamientos si es que existen nuevos datos que la Unidad Técnica de Fiscalización necesite corroborar.
Explicó que de acuerdo con el reglamento de Fiscalización, si al agotarse la investigación comprueban que hubo algún ilícito, las sanciones por ingresos no declarados implican una amonestación económica por el monto involucrado o hasta el doble de ésta si se trata de un ente prohibido, pero pidió no adelantar juicios.
“Este tipo de investigaciones son complejas y hay que dares el tiempo necesario, pero el INE no va a dejar de investigar mientras haya indicios, aunque sea solo una hipótesis a partir de indicios que como son de dominio público tienen algún valor, no como prueba plena pero sí suficiente para buscar más información”.
ledz