La demanda de los 11 regidores que integran la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la sindica jurídica de Pachuca, Liliana Mera Curiel, para iniciar en un plazo de 72 horas acciones legales contra la empresa Comuni Park S.A. de C.V., la cual tiene la concesión de espacios en la vía pública y operación de los parquímetros, para entregar un monto de 4 millones 253 mil 307 pesos el cual no fue entregado conforme a los términos del contrato, no sólo es inviable sino irresponsable, reconoció Mera Curiel.
Esto derivado a la omisión de la Dirección Jurídica municipal de entregar en tiempo y forma el 100 por ciento de la documentación relacionada a la concesión y operación de los parquímetros, pues a pesar de que se solicitó por medio de oficio a esta dependencia, así como a la Oficialía Mayor del ayuntamiento, estos expedientes desde el pasado 27 de enero, no han sido entregados a la sindicatura jurídica para verificar que la empresa incurrió en omisiones para iniciar un proceso jurídico que resulte favorable para el municipio.
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Por ello, adelantó en entrevista para Milenio, acudirá a las instancias pertinentes como el Tribunal Electoral del estado (TEEH) para interponer un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales del Ciudadano (JDC), “por eso primero giramos los oficios pertinentes de manera formal a las dependencias, porque más allá de ser un acuerdo verbal tiene que ser manera formal la solicitud de esta documentación, es un tema jurídico donde cualquier omisión o cualquier acción sin fundamento recae en afectar intereses del municipio”.
“Considero que no es correcto que incluso los miembros de la asamblea solapen que no tenga esa información, es extraño que quieran argumentar por qué no mostraron pruebas y cuáles son las clausulas está incumpliendo la empresa están siendo omisos y por supuesto vamos a ir a la instancia correspondiente para hacer valer la función de la sindicatura jurídica”.
Destacó que al momento sólo cuenta con el 20 por ciento de la documentación necesaria, dentro de la cual no existe prueba que acredite las anomalías que presuntamente encontró la dependencia municipal para poder tomar acción legal y exigir el pago por este monto, de igual forma esta negativa de entregar la información completa viola la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el artículo 49, que establece: “incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley”, (sic).
Así también, Mera Curiel lamentó el actuar de sus similares del PRI en el Cabildo al romper el principio de horizontalidad con el se rige el órgano colegiado al querer “ordenar” a la sindicatura jurídica a tomar estas acciones legales y consitiendo la omision de la administración municipal para otorgar las pruebas de estas violaciones al contrato de los parquímetros; además de la descalificación a su labor ejercida por el regidor, Óscar Pérez Márquez que expresó: “la síndica procuradora cuestiona con base en qué consideramos que se ha incumplido el contrato, yo lamento que sí es una actitud sistemática, entiendo que involuntaria de parte de la sindica, producto tal vez de su inexperiencia de la administración pública y en el conocimiento del derecho”, (sic).
“Piden evidencia que ellos tienen y no entregan, no soy omisa, por supuesto que si hay algo que afecte los intereses del municipio se tomarán acciones correspondientes, pero al no tener evidencia documental es imposible constatar las acusaciones e iniciar este proceso legal. Esa es la realidad, sorprenden los que a pesar de que no soy licenciada en derecho, pues la Ley no nos obliga a tener ese grado de estudios o esa licenciatura, cabe destacar que son puestos que históricamente han sido ocupados por hombres; por lo que ser mujer y persona joven que es la primera vez que ocupo un cargo de este tipo, no quiere decir que no voy a poner atención, por eso mismo ponemos más atención”, manifestó Liliana Mera.
Sin fecha para iniciar demanda
Ante la demanda de la fracción edilicia del PRI para que en 72 horas interponga recursos legales contra le empresa por la omisión del pago de más de cuatro millones de pesos,
La síndica jurídica de Pachuca, Liliana Mera Curiel, reconoció que, al no tener una fecha, ni la certeza, para contar con el 100 por ciento de la información necesaria para demandar a la operadora de los parquímetros (Comuni Park o Moviparq), no se puede llevar a cabo esta acción legal en 72 horas como demandó el regidor del PRI, Óscar Pérez Marquéz, durante la sesión ordinaria de Cabildo de este 11 de marzo.
“Estas omisiones al entregar la recaen en faltas administrativas, no voy a firmar documentos sin conocerlos al 100 por ciento, debemos vigilar y procurar transparentar intereses del municipio, no sólo por querer hacerlos, sino que debe haber certeza jurídica”.
“De no hacerlo podemos ser acreedores a una sanción económica alta en la hacienda municipal, la cual se verá reflejada en los impuestos de la ciudadanía, además de faltas administrativas si no se conduce de manera correcta, esa es la principal preocupación. No voy a permitir una imposición o un mayoriteo en este tema, mucho menos que se quiera cumplir con promesas de campaña sin fundamento real para tener certeza jurídica en este tema de los parquímetros”, sentenció.