Se pospone alrededor de tres meses la audiencia contra los tres ex titulares de la desaparecida Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco acusados de uso indebido de funciones y atribuciones.
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La defensa de Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo Castelo y Daviel Trujillo solicitó al juez que lleva la causa un plazo de 90 días para aportar más pruebas que demuestren la inocencia de sus clientes.
Este martes 14 de enero, se presentaron los tres políticos en los juzgados de oralidad del distrito judicial uno, ubicados en el municipio de Tonalá a firmar tal como lo había ordenado el juzgador.
También se tenía previsto el desarrollo de la audiencia constitucional, sin embargo, los abogados de los imputados pidieron la ampliación del término del periodo de investigación.
Miguel Castro Reynoso al salir de los juzgados comentó: “tiene como objeto esta ampliación, y tiene interés de parte nuestra el que podamos seguir aportando la información que sea necesaria reiterando y alegando con argumentos nuestra defensa, y por supuesto que nuestro comportamiento no incurrió en algo que fuera incorrecto”, comentó.
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Por su parte, Salvador Rizo prefirió guardar silencio, comentó que mantendrá un perfil bajo durante el tiempo que dure el proceso penal que enfrenta.
El 15 de octubre del 2019, Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo Castelo y Daviel Trujillo fueron vinculados a proceso por el juez quinto de control Juan Paulo Dávalos Navarro, al considerar que el Ministerio Público aportó los elementos suficientes para presumir su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de funciones y atribuciones.
Como medida cautelar, para evitar que evadan la acción de la justicia, el juzgador determinó el resguardo en el propio domicilio de los imputados, la prohibición de salir del país y presentarse periódicamente a firmar para comprobar su arraigo en la ciudad.
Durante la audiencia el juez ofreció a los abogados solucionar el conflicto mediante un método alterno y señaló que la salida más viable podría ser un procedimiento abreviado, es decir, que los tres ex funcionarios estatales acepten su responsabilidad y paguen la reparación del daño fijada por el juez.
SRN