El magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes presentó, ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, una denuncia de hechos en contra del ex gobernador Javier Corral Jurado y la ex consejera del Consejo de la Judicatura, Luz Estela Castro Rodríguez, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.
“La denuncia la hago como magistrado por obligación profesional y moral de velar por la independencia y autonomía del Poder Judicial del estado, hay que recordar que el entonces gobernador, Javier Corral, designó en fecha 24 de mayo de 2017 a Luz Estela Castro Rodríguez como consejera del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua, a pesar de que ella no cumplía con los requisitos legales para ocupar dicho cargo, en una presunta violación a los artículos 104 y 107 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua”, señaló el magistrado.
Destacó que, al momento de ser designada como consejera del Consejo de la Judicatura del estado de Chihuahua, Luz Estela Castro Rodríguez contaba con 65 años, dos meses y 24 días de edad, incumpliendo con ello uno de los requisitos previstos en la ley para ocupar el cargo para el que fue designada y que ejerció, por lo que su presunta responsabilidad es que ejerció el cargo estando inhabilitada para ello, sin olvidar que ambos ostentan títulos de licenciados en derecho.
“Estoy haciendo esta denuncia hoy porque en el pasado reciente las autoridades de nuestro estado no eran confiables, pues el Ejecutivo era juez y parte. Derivado de esta investigación y si fueren hechos constitutivos del delito de ejercicio ilegal del servicio público, además de las penas que la ley establece como la prisión o la inhabilitación, se deben revisar todos los hechos en los que Luz Estela Castro Rodríguez participó como integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua”, agregó.
De acuerdo con el artículo 253 del Código Penal del estado de Chihuahua, comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público quien ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o quien lo designe sin satisfacer todos los requisitos legales; además, quien ejerza un empleo, cargo o comisión encontrándose inhabilitado.
Las sanciones por la comisión de este delito son prisión de uno a tres años e inhabilitación de tres y hasta 15 años para desempeñar cargos públicos. Para finalizar, expresó su deseo de que este tipo de conductas fuera de la ley, nunca se repitan por ninguna autoridad en el estado.
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