Javier Navarro libra imputación por presunto abuso de autoridad

El secretario general de Gobierno de Nuevo León no acudió a la audiencia, pero defensores de oficio se presentaron en su lugar ante el juez.

Javier Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León | Roberto Alanís
Luis García
Monterrey, Nuevo León /

El secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, libró de forma momentánea la imputación que la Fiscalía Anticorrupción pretendía realizarle por el presunto delito de abuso de autoridad, al no publicar 56 decretos aprobados por el Congreso de Nuevo León.

El funcionario no se presentó a la audiencia ante la juez de control y en su lugar comparecieron defensores de oficio que acompañaron una constancia firmada por el gobernador Samuel García en la que se advertía que, en su ausencia, Navarro quedó al frente de la administración como encargado del despacho.


También presentaron una copia de la suspensión de amparo que el número dos del gobierno estatal obtuvo para evitar el proceso.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó que se desahogara la audiencia al advertir que el fuero invocado por el funcionario no procedía ya que no estaba publicado en el Periódico Oficial del Estado, pero al no tener respuesta positiva, solicitaron una nueva fecha para reanudar la imputación.

Sin embargo, cuando la juez de control iba a fijarla, los defensores presentaron un recurso para evitar que esta se pronunciara y solicitaron bajar de plano el tema.

Ante ello, optó por no imponer una fecha y solicitó al juez de distrito que otorgó la suspensión provisional a Javier Navarro Velasco, que estableciera los alcances de la misma a fin de determinar si era posible celebrar la audiencia y continuar con el proceso.

Hasta en tanto no exista un pronunciamiento del juzgador federal, la juez de control local no seguirá adelante, indicaron fuentes allegadas al caso.

Con ello, el secretario general de Gobierno evadió, de momento, la imputación de la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Javier Garza y Garza.

Este caso deriva de la acusación penal que el pasado 17 de noviembre realizó el presidente del Congreso local, Mauro Guerra, ante la negativa del gobierno de Nuevo León de publicar las reformas avaladas por los legisladores.

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