La vinculación a proceso del abogado Juan Collado Mocelo por un presunto delito de peculado por 13 millones 780 mil pesos, en perjuicio del gobierno de Chihuahua, fue calificada como una revancha y venganza política por su defensor legal, Javier López.
En entrevista con MILENIO el litigante indicó que en la acusación no se advierte nada de fondo, dado que existen documentos que estaban en poder de las autoridades del estado, mismas autoridades que hicieron toda una operación para tratar de desestimarlos.
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P: ¿Por qué dice que es una venganza o revancha política?
R: Pues creemos que en su momento al gobierno del estado no le pareció correcto que quien encabezará la defensa de Alejandro Gutiérrez fuera precisamente Antonio Collado junto con su servidor, y bueno pareciera que ahora se están desquitando de que el resultado no ha sido el que esperaban.
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Javier López mencionó que están analizando cuál es la mejor estrategia para echar atrás la vinculación a proceso y porqué vía recurrirán la resolución. El año pasado un juez federal determinó que, en el caso del ex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, la justicia local no tenía competencia para enjuiciarlo.
El asunto provocó el enojo del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien confrontó al gobierno federal. La defensa de Alejandro Gutiérrez denunció que su cliente fue torturado para auto incriminarse; por su parte, la autoridad local señaló que las autoridades federales buscaban liberar a Gutiérrez, “para formarle un cerco y evitar que involucre a cualquier otra persona”.
El pleito escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual admitió a trámite dos recursos presentados por Javier Corral por el asunto del ex secretario acusado de desviar 250 millones de pesos del erario estatal para financiar campañas del PRI.
El 30 de septiembre de 2018, la entonces Procuraduría General de la República se desistió de la acusación de peculado contra Alejandro Gutiérrez, porque no contaba con los elementos de prueba “idóneos, pertinentes y suficientes”.
Un día después, la PGR aseguró que no tenía como sustentar la causa penal, debido a que la Fiscalía General de Chihuahua sólo entregó información “parcial”.
“Se arribó a tal conclusión (al solicitar el sobreseimiento de la causa penal), en particular, porque la imputación originalmente realizada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se sostenía principalmente en declaraciones de testigos, a los que no tuvo acceso la Fiscalía Federal (PGR), y que no fueron corroboradas con otros datos de prueba”, mencionó la dependencia.
Posteriormente, una juez federal ordenó a un juez local del estado de Chihuahua que diera cumplimiento al amparo concedido a Alejandro Gutiérrez, para que se dejara sin efecto la prisión preventiva dictada en su contra.
dmr