La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados tiene listo para discutir y votar la próxima semana el dictamen que prevé la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, con la obligación de reintegrar casi 16 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
Con base en la iniciativa del líder parlamentario de Morena, Ignacio Mier, el proyecto distribuido a los integrantes de la Junta Directiva de la comisión establece que, en el ámbito del Poder Judicial, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia.
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De acuerdo con la exposición de motivos, el Poder Judicial cuenta actualmente con 14 fideicomisos (seis de la Suprema Corte, seis del Consejo de la Judicatura Federal y dos del TEPJF), cuya suma es de 20 mil 149 millones de pesos, aunque cerca de 6 mil millones corresponden al único fondo que se mantendría intocado.
“Sus recursos principalmente se utilizan para mantener las prestaciones de las y los ministros, consejeros y magistrados durante toda la vida”, señala.
El dictamen subraya que el presupuesto del Poder Judicial para 2023 suma un total de 77 mil 544 millones de pesos, por lo que los recursos acumulados por los fideicomisos representan 26.4 por ciento de ese monto.
“La acumulación de recursos en estos fideicomisos ha generado críticas tanto por su elevado monto, como por el hecho de que se relacionan mayormente con prestaciones especiales y, más aún, que son utilizados como bolsas de ahorro, financiadas, de origen, con recursos públicos”, acusa.
Advierte que sólo el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal, encuentra sustento en la Ley Orgánica del Poder Judicial y se integra con recursos diferentes del presupuesto anual, sin afectar las partidas autorizadas.
Según la argumentación, los otros 13 fideicomisos y fondos han crecido a lo largo de los años, esencialmente con las disponibilidades de recursos públicos generados en diversos ejercicios fiscales y su ejercicio no ha estado exento de señalamientos, considerando el elevado monto de recursos que acumulan.
Por ello, el dictamen que la Comisión de Presupuesto votaría el próximo 10 de octubre daría por terminados los referidos fondos y fideicomisos, con la finalidad de que en el plazo máximo de ciento veinte días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto se suscriban los convenios de extinción o terminación.
Las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que se extinguen serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos.
“Los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hayan originado, deberán enterarse a las unidades administrativas con funciones de tesorería en los órganos del Poder Judicial, que a su vez deberán enterar la totalidad de dichos recursos a la Tesorería de la Federación”, puntualiza el proyecto.
IGO