Los magistrados y jueces federales del país demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su intervención para que no se aplique Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, por lo que solicitaron la aplicación de medidas cautelares.
Ante dicha petición, la Corte abrió dos expedientes (12/2018 y 13/2018) derivado de las consultas a trámite previsto en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ambos expedientes fueron turnados al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá presentar proyectos de sentencia que deberán ser discutidos por el Pleno.
Los juzgadores también pidieron que se apliquen medidas cautelares, es decir, porque aún no se define cuánto es lo que se les pretende reducirles de sueldo.
La Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos entró en vigor el pasado 6 de noviembre.
A esto se suma, que otro grupos de jueces y magistrados federales del país elaboraron una “demanda de amparo modelo” con la que pretenden enfrentar leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión que, dicen, afectan la autonomía del Poder Judicial de la Federación.
La demanda de garantías modelo fue impulsada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, y se usará para echar atrás estatutos aprobados y que fueron impulsadas por el partido Morena, afín al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien tomará posesión el próximo 1 de diciembre.
Asimismo, de manera individual, jueces y magistrados han promovido amparos, por ejemplo, contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos y han obtenido suspensiones; algunos jueces que otorgaron las suspensiones comenzaron a declararse impedidos porque argumentaron que también buscarán ampararse.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad por considerar que la ley es contraria a la Constitución.
jbh