El juez de control Uriel Samuel Mendoza reveló que fue presionado por el gobierno de Javier Corral, para vincular a proceso a la ahora gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por el delito de cohecho pasivo en abril del año pasado.
A más de ocho meses de que se inició proceso penal contra la mandataria estatal, el impartidor de justicia reconoció que esta determinación tuvo matices políticos.
“Desde luego, tanto para mí como para todos los juzgadores que intervenimos existieron presiones en general por todos los intereses que había; le pudiera decir que inclusive desde Palacio de Gobierno en concreto”, admitió Mendoza en entrevista con El Diario.
El juzgador agregó que hubo acercamientos y llamadas telefónicas, para influenciar el sentido de la resolución, de personas relacionadas con la Secretaría de Gobierno de la administración de Corral Jurado.
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Expuso que él y otros juzgadores recibieron presiones durante meses y añadió que algunos partidos políticos también trataron de influir en la decisión.
“No se podía hacer nada en esos días, ni siquiera podíamos salir de aquí (el centro de justicia); trataron de influir en el sentido de la resolución”, resaltó.
Al respecto, el secretario de la Coordinación del Gabinete de Chihuahua, Luis Serrato Castell, dijo que, en noviembre de 2020, el entonces gobernador Javier Corral, le dejó en claro en una cena que su intención era que Maru Campos no fuera la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura.
“Queda confirmado lo que muchos sospechábamos o sabíamos con certeza. No sólo me lo dijo a mí (Corral), se lo dijo a empresarios, a algunos dueños de medios de comunicación, a otros actores políticos de diversos partidos, les dijo que eso iba a ocurrir; hoy fue simplemente una confirmación de lo que muchos teníamos conocimiento”, apuntó.
El 1° de abril de 2021, Samuel Mendoza vinculó a proceso a Maru Campos por su presunto involucramiento en la llamada “nómina secreta” del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por más de 9 millones de pesos.
En una audiencia que duró 42 horas, el juzgador también procesó a María Ávila del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a Rodrigo de la Rosa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el mismo ilícito.
EHR