Al año, la Contraloría del Poder Legislativo inicia un promedio de mil denuncias al año, de las cuales hasta el momento lleva alrededor de 700, principalmente por abuso de funciones, falta de información a los ciudadanos, conflicto de intereses e incumplimiento del programa de titulares que llevaron a cabo durante el 2025, indicó el titular del área, Juan José Hernández Vences.
En lo que va del año, la Contraloría ha recibido alrededor de 700 denuncias, de las cuales concluyó 262 y mantiene trámite 425, que han tenido diversas sanciones, principalmente amonestaciones privadas, porque se trata de faltas no graves y leves, que son cometidas por primera vez, por lo cual la norma señala un castigo menor.
Aunque normalmente reciben mil denuncias, todo indica que este año podrían cerrar el año con una cifra ligeramente menor, pues ya solo falta un mes y medio para que termine el ejercicio fiscal, pues las dos últimas semanas no son laborales y generalmente ya no llegan quejas, aunque no necesariamente se pueden recibir de manera presencial, sino electrónica y por medio de buzones instalados en diversos puntos.
Exceso de atribuciones entre las faltas recurrentes
Lo que no ha cambiado es el tipo de irregularidades que más se comete, donde está el abuso de funciones entre las principales faltas; las y los funcionarios de elección popular, principalmente del ámbito municipal, incurren por excesos al atribuirse funciones o atribuciones que no les confiere la ley.
También ocurre incumplimiento en la normativa, por lo cual se establecen claramente cuáles son las funciones, obligaciones y facultades que no siempre se acatan como lo establece la ley. En el derecho de petición hay demandas ciudadanas que no son contestadas como corresponde, que es por escrito y dentro de un plazo razonable.
Se han detectado casos de conflicto de interés, en los cuales no podrían estarse involucrando las o los funcionarios de elección popular, y también el nombramiento de funcionarios y funcionarias que no corresponde con el perfil que señala la norma.
De las denuncias concluidas hasta el momento han derivado 262 sanciones, principalmente las amonestaciones privadas, con 206 casos; seguida de las amonestaciones públicas con 56.
En el primer caso, se advierte al o la servidor público a la persona la falta que ha cometido por primera ocasión y se le conmina a respetar la ley, haciéndole la advertencia de que la siguiente sanción, por mínima que sea, será una manifestación pública y de manera paulatina irá creciendo conforme lo marca la ley con suspensiones, multas o inhabilitaciones por varios años para ocupar nuevamente cargos públicos en el ámbito municipal, estatal o en otras entidades del país.
Por otra parte, informó 346 expedientes por la autoridad investigadora derivados de la situación patrimonial y posible conflicto de intereses en que incurren servidores públicos del Poder Legislativo o los de elección popular municipal.
Por esa razón han iniciado 172 expedientes, de los cuales 106 corresponden a autoridades del Poder Legislativo y 66 de elección popular; además, han desahogado 163 denuncias, han impuesto 109 sanciones administrativas, de las cuales destacan 79 amonestaciones privadas, 12 amonestaciones públicas, una destitución e inhabilitación y 17 inhabilitaciones por diversos periodos.
AI