Independientemente de las investigaciones que se realicen en República Dominicana por presuntamente recibir pagos provenientes de un desvío de recursos públicos, en México, la senadora Alejandra Lagunes podría ser investigada por blanqueamiento de capitales, operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal o falsedad en su declaración patrimonial, coincidieron especialistas en materia anticorrupción.
Lagunes, quien fuera una de las colaboradoras más cercanas del ex presidente Enrique Peña Nieto, está acusada de formar parte de la trama de los desvíos millonarios que se dieron en la Procuraduría General de la República Dominicana en la llamada Operación Medusa, el caso más grande de corrupción de ese país caribeño.
De acuerdo con las investigaciones, el ex procurador dominicano, Jean Alain Rodríguez, habría contratado a Lagunes para asesorarlo para elaborar una estrategia de comunicación para su campaña presidencial.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana, aseguró que además de que la acusación en su contra es grave por tratarse de recursos en efectivo, “si obtuvo ingresos como consultora por este o cualquier otro proyecto, deberían estar reflejados en su declaración patrimonial y ser objeto de la legislación fiscal vigente en México”.
Explicó que “como consultora, Lagunes podría prestar servicios dentro y fuera del país, pero el hecho de que las autoridades dominicanas señalen que este pago es parte de un esquema irregular diseñado por un aspirante a la presidencia de ese país, hace necesarias no sólo explicaciones en Dominicana, sino también en México”, expresó.
Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, aseguró que el caso contra ella no es de soborno, sino de blanqueamiento de capitales.
“Soborno no creo que sea, porque al final del día no se le dio información del gobierno mexicano al ex procurador de la República Dominicana o se le dio alguna concesión o algún contrato. Fue un pago, parece ser, que se le hizo a esta servidora pública para que realizara un trabajo, un esquema de comunicación para la campaña presidencial. Los recursos con los que le pagaron vienen, al parecer, ser de desvíos que se realizaron a través de la Procuraduría de República Dominicana por lo que “podemos hablar, en el caso de Lagunes, de desvío de recursos, de blanqueamiento, pero no de soborno”, dijo.
Por su parte, Estefanía Medina, de la organización Tojil, explicó que se debe investigar “si verdaderamente se recibió ese pago en dinero en efectivo y si eso en algún momento fue introducido en el sistema legal mexicano, a alguna cuenta bancaria de la servidora pública”.
Consideró que hay bastantes alertas con las que se debería iniciar por lo menos una investigación a nivel nacional para saber si existe algún otro delito: “a lo mejor, operaciones con recursos de procedencia ilícita o alguna otra vinculación o incluso propios delitos fiscales al no haberse declarado algún tipo de ingreso de esta naturaleza”.
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Por su parte, Vania Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), opinó que además de las sospechas de su participación en el desvío de recursos públicos de República Dominicana y en operaciones con recursos de procedencia ilícita, sí podría investigársele de haber recibido un presunto soborno.
“Hay que ver cuánto tiempo había pasado de su separación de su cargo en el gobierno federal cuando se realizó la transacción, recuerda que no se pueden hacer funciones privadas relacionadas con la acción que desempeñas y es presunción de soborno también, porque no sabemos si esta persona que buscaba un cargo de elección popular, para quien ella estaba haciendo la campaña, iba a recibir algún beneficio de Lagunes en el gobierno mexicano o le iba a ayudar a acercarse al gobierno mexicano”, expresó.
En su declaración, Lagunes ocultó los 2 mdd y joyas
Alejandra Lagunes no transparentó en su declaración patrimonial del año fiscal 2020 los 2 millones de dólares que presuntamente recibió en efectivo como pago por servicios profesionales prestados al ex fiscal de República Dominicana y que provendrían de un desvío de recursos públicos.
En la versión pública de su declaración presentada en mayo de 2021, correspondiente al año 2020, la senadora del Partido Verde tampoco informó sobre la posesión de los bienes que en 2015 y 2016 había reportado mientras fue funcionaria federal.
En 2015 y 2016, Lagunes, quien entonces era la Coordinadora de la Estrategia Digital del gobierno federal, reportó públicamente poseer a su nombre ─pues los bienes adquiridos en copropiedad con su esposo, el ex secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, no se reportan públicamente─, un departamento, un terreno, un crédito hipotecario y un vehículo BMW, así como tres joyas: un anillo de diamantes, un reloj Audemars Piguet y un reloj Santos 100 Cartier.
Sin embargo, en la versión pública de su declaración patrimonial presentada en mayo de 2021, correspondiente al año fiscal 2020, la senadora no mencionó ninguno de sus bienes inmuebles, joyas ni sus vehículos.
Tampoco mencionó ingresos por servicios profesionales y sólo incluyó el monto de un millón 252 mil 144 pesos de salario anual como servidora pública.
En la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentran las declaraciones patrimoniales del 2022 ni de años anteriores al 2021.
LP