Por: Luis Javier Cortés Adame
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Con la eliminación del Insabi y la transferencia de sus funciones al IMSS-Bienestar, el presupuesto, los acuerdos de colaboración con las entidades federativas, el pago de nómina y la participación en la compra consolidada de medicamentos los hará dicho organismo. Esto significa que se mantiene el diseño centralizado en el gobierno federal, pero ahora con riesgos aún mayores para las entidades federativas que acepten el convenio de coordinación con el IMSS-Bienestar. En efecto, las reformas para regular el sistema de salud para el bienestar señalan que los estados: 1) deberán transferir parte de los recursos que reciben del Fassa al Fondo de Salud para el Bienestar, administrado por el IMSS-Bienestar para atender enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, invertir en infraestructura y comprar medicamentos; 2) renunciar a todo ingreso que puedan obtener por las prestación de servicios de salud; 3) transferir al IMSS-Bienestar recursos propios, etiquetados en su propio presupuesto para la prestación de servicios de salud, compra de medicamentos y demás insumos; y 4) los convenios de coordinación suscritos entre los estados y el IMSS-Bienestar tendrán una duración de por lo menos treinta años.