Senadores, funcionarios del gobierno federal y especialistas urgieron a actualizar la ley contra la trata de personas para definir claramente ese delito, corregir vacíos jurídicos, abatir la impunidad y erradicar esa forma de esclavitud moderna.
En la inauguración del foro “Hacia los diez años de la ley contra la trata de personas, desafíos, retos y perspectivas” en el Senado de la República, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, remarcó la urgencia de impulsar una iniciativa para definir claramente el delito de trata de personas, diferenciándolo de actos relativos a la explotación, a fin de enfrentar los altos niveles de injusticia e impunidad en las distintas modalidades del ilícito.
Llamó asimismo a atender los temas de cooptación, transporte, traslado, recepción ejercidos a partir de la amenaza, el uso de la fuerza, el rapto, la desaparición forzada, el fraude, engaño, abuso de poder y abuso de situaciones de vulnerabilidad de las víctimas.
Precisó que 43 por ciento de los métodos de enganche hasta ahora registrados, obedecen a ofertas de trabajo; 28 por ciento, a enamoramiento; 12 por ciento, vinculados con promesas de ayuda; siete por ciento, a privación de la libertad; cinco por ciento, a recepción de pagos para obtener el consentimiento; tres por ciento, al uso de substancias y drogas, y dos por ciento, a promesas de superación personal.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, subrayó a su vez la necesidad de actualizar el marco normativo, con el propósito de profundizar la cooperación internacional para erradicar esta forma de esclavitud moderna.
“Se trata no solo de dotar a este ordenamiento jurídico de mayor contundencia, sino de imprimirle perspectiva de género y lograr que el combate trasnacional de estos delitos sea efectivo”, indicó.
Monreal Ávila sostuvo que la pandemia de covid-19 recrudeció en todo el mundo este “incalificable crimen”, pero en América Latina aumentó su incidencia de “manera brutal”, hecho que implica mayores retos para su atención y seguimiento.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, hay más de 50 millones de personas en estas condiciones alrededor del mundo, donde siete de cada diez víctimas son mujeres y tres de cada diez son niñas y niños.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, advirtió en su turno que entre los mecanismos utilizados por los delincuentes para financiar esos crímenes destaca no solo el flujo de efectivo, sino en muchas ocasiones generan empresas fachada y los consumidores realizan transferencias por otro tipo de conceptos.
A la vez, las compañías pagan sueldos y salarios a los grupos delictivos que vigilan a niñas, niños y a jovencitas.
“México tiene una enorme deuda con niñas y niños por lo que debemos crear espacios en los centros turísticos, para tener mayor control sobre este tipo de actividades que lesionan la dignidad de las personas”, dijo.
La senadora María Celeste Sánchez, organizadora del foro, manifestó que el objetivo del foro es construir un camino sólido para generar los cambios legislativos necesarios para combatir y erradicar la trata de personas en México.
“Es necesario aprender de las experiencias de las víctimas y convertirlas en medidas concretas que nos permitan elaborar estrategias más eficaces contra este delito”, indicó.
JLMR