Si el Poder Judicial lo considera necesario el Legislativo pueden echar para atrás las reformas que hizo a petición del Ejecutivo para actualizar las pensiones conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y el seguro por fallecimiento con base en la unidad de Medida y Actualización (UMA), aseguran PRI y Morena.
Luego que varios derechohabientes tramitaron amparos por las reformas aprobadas a finales de febrero, los coordinadores de Morena y del PRI indicaron que revisarán el asunto y atenderán lo que dictamine el Poder Judicial federal y harán los ajustes necesarios a la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios para responder.
En entrevista por separado, el presidente y vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González y Elías Rescala Jiménez, respectivamente, reconocieron que las personas afiliadas al ISSEMyM están en su derecho de impugnar el acuerdo y buscar mejoras en la normativa que las rige.
Maurilio Hernández informó que hasta el momento no tiene información de las condiciones del amparo porque no hubo quejas directas a los diputados y por ello deberán esperar que el Poder Judicial les notifique para responder el informe que les solicite.
Aclaró que la decisión la tomaron dentro del Paquete Fiscal, a petición del Ejecutivo, quien lo consideró necesario para darle viabilidad financiera al ISSEMyM, pero van a esperar los resultados de este amparo y con ellos podrán tener elementos para hacer posibles ajustes y que estos no afecten a la población derechohabiente.
Igual que cualquier otro acuerdo del Legislativo, el tema es revisable. “Finalmente se dieron los elementos, pero si ya en la vía de los hechos vemos que eso no es funcional, que lejos de ser benéfico para en este caso, los beneficiarios del propio instituto, es perjudicial, pues estaríamos nosotros en condiciones de hacer la revisión con las propias autoridades” aseguró.
En tanto, el coordinador del PRI, Elías Rescala Jiménez, enfatizó que como el asunto ya está en manos del Poder Judicial, y serán estas autoridades quienes decidan cómo debe resolverse el asunto. Los y las derechohabientes están en su derecho de pedir la revisión del asunto y las autoridades jurisdiccionales habrán de determinar lo que a derecho corresponda.
MMCF