Los integrantes de la LX Legislatura del Estado de Méxoco aprobaron por unanimidad el dictamen para derogar los Decretos 87 y 86, publicados en la Gaceta de Gobierno en 1945 y 1993, respectivamente, en los cuales se establecía la asignación permanente, con cargo al erario, de agentes de seguridad y personal administrativo para seis ex gobernadores.
Azucena Cisneros Coss, diputada promovente de la iniciativa, dijo que con la derogación de ambos decretos se avanza en la erradicación de los "privilegios" de la clase política y en la consolidación de un gobierno que utilice con austeridad y eficacia los recursos públicos.
“Le regalaron a los ex gobernadores un beneficio que ellos nunca pudieron garantizar a sus ciudadanos; la seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año y en todo el territorio mexiquense”, acusó la legisladora de Ecatepec en un comunicado..
Los decretos justificaban que los ex gobernadores merecían prerrogativas como personal de seguridad y administrativos con cargo al erario por haber servido a la entidad.
“La existencia de estos premios para ex funcionarios públicos son el símbolo más evidente de los abusos y excesos que se hicieron costumbre en un régimen que fue rechazado y derrotado en las urnas”, acusó.
Azucena Cisneros consideró debe seguir la revisión puntual del marco legal del Estado de México para que deje de ser uno de los estados con mayor problema de corrupción y de desvío de recursos.
“Nos hace falta analizar y proponer una nueva ley estatal de austeridad y gasto público, otra para regular los salarios máximos y una más para fiscalizar mejor el gasto y acotar la corrupción en todo lo relacionado a las compras y obras públicas”.
La legisladora por Ecatepec se pronunció por la austeridad y el combate a la corrupción, protección de mujeres, seguridad ciudadana y derechos humanos, congreso vigilante y eficiente que, dijo, serán los temas que se promoverán para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LX Legislatura del Estado de México.
Cisneros dijo que propondrá concretar la reforma para eliminar el fuero y la inmunidad procesal a legisladores y servidores públicos, con un nuevo procedimiento que no requiera la calificación del Congreso.
LC