El pleno de la Legislatura local avaló las reformas al Código Penal para agravar las penas en contra de los autores intelectuales y servidores públicos que inciten o cambien el uso del suelo forestal considerado como zona de reserva o área protegida.
- Te recomendamos Alcalde de Ocuilan demanda frenar tala clandestina Policía
En este caso las penas van de 12 a 20 años de cárcel, con el fin de adecuar los castigos para los servidores públicos, incluyendo la inhabilitación y destitución del cargo por un plazo igual a la pena privativa.
En el dictamen fue aprobado por unanimidad se contempla una multa de 500 a 3 mil días y se castigarán a los autores intelectuales, instigadores y quienes controlen o inciten a menores de edad a la comisión de este tipo de delitos que afectan las pocas zonas verdes que quedan en la entidad.
Por ello se castigará al servidor público que autorice el cambio de uso de suelo de un área natural protegida o de reserva ecológica, sin que exista causa justificada. La pena también será aplicable para personas que inciten a menores de edad a la tala clandestina.
Estas reformas entrarán en vigor cuando el Ejecutivo publique el decreto en la gaceta de Gobierno. Mientras tanto, siguen vigentes las que hoy contempla la norma que son: cárcel de ocho a 15 años a quienes inciten a menores de edad para la comisión de este delito.
Durante la lectura del dictamen el autor de la iniciativa, Margarito González Morales, indicó que hay un índice inmoderado de tala en la entidad, sobre todo por intereses económicos, políticos y por irresponsabilidad administrativa de las autoridades encargadas de combatir este delito.
“La realidad nos ha rebasado y las consecuencias han sido relevantes disminuyendo la cobertura forestal a pesar de los esfuerzos del gobierno, ciudadanía y comunidades indígenas. Es evidente que se debe fortalecer la prevención y el combate de la tala clandestina”, sostuvo.
LC