La ministra Lenia Batres acusó un presunto desacato de los jueces de amparo que otorgaron suspensiones contra la reforma al Poder Judicial, pues, dijo, la propia ley establece la improcedencia de esos recursos ante enmiendas a la Constitución.
Justificó así la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de desacatar las suspensiones de jueces que le impiden entregar al Senado de la República las listas de plazas de jueces y magistrados vacantes para su elección por voto popular en 2025.
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Por cuatro votos a favor y tres en contra, los integrantes del organismo acordaron enviar a los senadores la información sobre las plazas disponibles de jueces y magistrados para el 1 de junio de 2025, entre ellas 132 vacantes además de los casos en trámite de jubilación anticipada o por contar con 60 años o más.
Entrevistada en el Palacio de San Lázaro al finalizar la instalación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Batres dijo desconocer el desacato del CJF y sostuvo que, en su caso, son los jueces de amparo quienes están en falta.
“En realidad, no conozco los términos de este acuerdo; sin embargo, debemos ser muy conscientes de que los jueces de amparo no tienen facultades expresas respecto de cualquier tipo de revisión de reformas constitucionales (…). Entonces, aquí el desacato inicial de la Constitución y de la Ley de Amparo pues vino de quienes se están atreviendo”, dijo.
Incluso, calificó de absurdo el hecho de que más de la mitad de los jueces que otorgaron 56 suspensiones de la reforma constitucional se declaren impedidos.
“Ellos mismos se están declarando impedidos para resolver los temas, y entonces hay ahí, digamos, una extralimitación de jueces que no quieren acatar el artículo 61, fracción primera, de la Ley de Amparo que dice que las reformas constitucionales son improcedentes en materia de amparo”, puntualizó.
Batres lamentó que exista un Consejo de la Judicatura con facultades para sancionar a jueces por incumplir la ley, pero no lo hacen, y entonces hay quienes se toman facultades que no tienen y nadie lo sanciona.
“Parte de lo que prevé la propia reforma es un Tribunal de Disciplina Judicial que puede estar abordando este tipo de funciones que a mí me parece bien, muy pertinente”, dijo.
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