Pese al rechazo por parte de los contralores ciudadanos y regidores de San Pedro Garza García, el Comité de Adquisiciones adjudicó en forma directa y sin licitación una póliza de responsabilidad civil para blindar legalmente a 90 funcionarios por 7.7 millones de pesos.
Durante la sesión virtual realizada la tarde de este lunes, los integrantes del comité que encabeza Laura Lozano Villalobos, aprobaron por mayoría— con cuatro votos a favor y tres en contra de las regidoras del PAN y una independiente— contratar a una aseguradora por presuntamente no justificarse.
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Aunque se difirió el fallo por tres días para intentar incluir una cláusula que estableciera un reembolso de no llegarse a ocupar la póliza, esto no sucedió pese a contar con otra empresa como opción, puesto que ésta requería más información y tiempo y no estaba en condiciones de cotizar el producto solicitado.
El comité adjudicó la contratación directa por excepción del seguro de la póliza de responsabilidad civil a Grupo Mexicana de Seguros, S.A. de C.V. por un monto de 7 millones 778 mil 794 pesos, incluidos impuestos.
La vigencia abarca del 31 de octubre de 2020 al 29 de septiembre del siguiente año con un periodo de reclamo de dos años por hechos en ese periodo de cobertura.
Las panistas Brenda Tafich Lankenau y Karla Flores Hernández, y la independiente Marcela Dieck Assad, rechazaron y cuestionaron la compra de este seguro, al igual que los contralores ciudadanos José Baltazar Valles Luévanos y Ernesto Vidal Halam.
“Yo me sacrifico en estos momentos el contratar un seguro para cometer abuso de autoridad y seguir brincándose la ley, no se me hace adecuado y menos cuando se piensa que va a abarcar actos de negligencia e impericias por inexperiencia”, cuestionó Tafich.
Javier Ramírez de la Rosa, en representación de la Secretaría del Ayuntamiento, rechazó que la póliza abarque actos de negligencia, pues es un seguro contratado desde hace 15 años por el municipio.
Por su parte, José Baltazar Valles Luévanos, contralor ciudadano del sector K3, señaló que en 2017 no se contrató ninguna póliza y no pasó nada.
“La siniestralidad a excepción de un evento del 2003 o 2004, no se ha presentado algo que supere 300 o 400 mil pesos, qué lástima que haya tan poco tiempo para hacer un análisis real y conveniencia de contratar y de cómo debe ser el monto asegurado, toda vez que la historia hacia atrás no parece que justifique un gasto oneroso”, criticó.
Su homólogo Ernesto Vidal Halam cuestionó que no hay suficiente evidencia que demuestre que la póliza sea indispensable.
“Y que el costo de la misma esté relacionada con una siniestralidad histórica, desconozco si está considerándose una siniestralidad futura”, dijo.
La suma asegurada que se busca contratar es de 10 millones de pesos para siete funcionarios; 5 millones de pesos para 34 servidores públicos; 4 millones de pesos para otros dos; 3.5 millones para 11 funcionarios; y 2.5 millones para 36 servidores públicos.